Ecuador atraviesa una fase oscura bajo la presidencia de Daniel Noboa. Hijo del hombre más rico del país y cinco veces aspirante presidencial Álvaro Noboa, el mandatario ha llevado al extremo la agenda neoliberal impulsada por sus antecesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso: endeudamiento con el FMI, recorte del gasto social, sumisión ante Washington –incluida la entrega de uno de los mayores tesoros ecológicos del planeta para que la use como base militar– y manipulación de la inseguridad como pretexto para instaurar un régimen militar-policíaco de represión compulsiva y conculcación de los derechos humanos.

El próximo miércoles se cumple un año del estado de excepción que Noboa ha renovado hasta volverlo permanente, en el marco del cual se encuentran suspendidas la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia y se han instaurado constantes toques de queda en siete provincias. El 8 de enero marca también el aniversario de la declaratoria de conflicto armado interno y de la clasificación de las bandas delictivas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. En estos 12 meses de guerra, no se ha presentado ningún avance en la disminución de la violencia ni en la reducción del poderío criminal –como el propio gobierno de ultraderecha reconoció al extender el estado de excepción– y, en cambio, se ha provocado un serio deterioro en los derechos humanos.

Poco antes del fatídico aniversario, tuvo lugar la dolorosa confirmación del verdadero significado de la libertad de acción que Noboa otorgó a las Fuerzas Armadas: el 8 de diciembre de 2024, Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, fueron levantados por 16 soldados mientras jugaban futbol en el barrio Las Malvinas de la ciudad de Guayaquil. Pese a las denuncias de los padres, la fiscalía pasó 13 días sin iniciar las diligencias debidas. Cuando estalló el escándalo mediático, Noboa y sus funcionarios culparon al crimen organizado, versión desmentida rápidamente por la divulgación de grabaciones de cámaras de seguridad donde se aprecia sin lugar a dudas que los secuestradores eran uniformados. La respuesta oficial consistió en decir que era muy pronto para hablar de desaparición forzada. El 24 de diciembre, los cuerpos de los cuatro adolescentes aparecieron incinerados, con señales de tortura, desfigurados y mutilados. Se les encontró en las inmediaciones de un edificio militar. Incluso entonces, las autoridades negaron que se tratase de una ejecución extrajudicial. El juez a cargo del caso ya presentó ese cargo contra los elementos detenidos.

Tras el feriado de Año Nuevo, el ministerio de Gobierno desligó las muertes de la desaparición forzada perpetrada por los soldados y apeló al manido recurso retórico de las manzanas podridas para eximir a las fuerzas armadas de responsabilidad en el caso. En su primer acto público del año, Noboa continuó con su campaña electoral como si nada hubiese ocurrido y, lejos de reconocer los saldos fatídicos de su guerra, dijo que ésta no es sólo contra el crimen, sino contra el pasado, contra la gente que no quiere que la familia ecuatoriana progrese, en alusión a la administración de centro-izquierda de Rafael Correa (2007-2017), durante la cual no hubo ni la violencia, ni la crisis energética ni el empobrecimiento de las mayorías que iniciaron con el giro neoliberal del traidor Lenín Moreno.

Mediante la doctrina del conflicto armado interno, Noboa convirtió a sus conciudadanos en enemigos a los que no debe arrestarse ni procesarse conforme a derecho, sino quienes deben ser aniquilados y cuyas muertes se presentan como macabros trofeos de los presuntos triunfos gubernamentales. En esta lógica, se acusa a todas las víctimas de nexos criminales sin prueba alguna y se celebra a los mandos civiles y castrenses que debieran ser sancionados por crímenes de Estado. El pueblo ecuatoriano tendrá una oportunidad para emprender un nuevo rumbo en las elecciones de febrero próximo, y cabe desear que la mayoría se decante por construir la paz, no por perpetuar la guerra.