Seúl. Policías y agentes anticorrupción sudcoreanos intentaron arrestar este viernes al presidente suspendido Yoon Suk Yeol por la imposición de una ley marcial hace un mes, pero abortaron la operación ante la resistencia de los servicios de seguridad en la residencia del dirigente.

El líder conservador, que sumió al país en una grave crisis al declarar por primera vez en democracia una ley marcial el 3 de diciembre, puede convertirse en el primer presidente surcoreano en ser arrestado en el cargo.

Suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional y con su destitución en manos del Tribunal Constitucional, Yoon también se expone a acusaciones por presunta "insurrección", punibles con la cadena perpetua o la pena de muerte.

Investigadores de la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC), encargada de la causa, ingresaron este viernes a su residencia en Seúl, donde Yoon lleva encerrado desde que la justicia emitió esta semana una orden de arresto contra él.

Pero soldados bajo el servicio de seguridad de Yoon entraron "en confrontación con la OIC en la residencia presidencial", dijo a la Afp un funcionario del Estado Mayor Conjunto del país.

Los equipos de seguridad de Yoon explicaron a la Afp que estaban "en negociaciones" con los investigadores de la oficina anticorrupción que intentan ejecutar la orden de arresto.

Finalmente, la OIC consideró que el arresto "era imposible en la práctica debido al enfrentamiento en curso". "La preocupación por la seguridad del personal en el lugar llevó a la decisión de parar la ejecución", afirmó en un comunicado.

La colaboración de los guardaespaldas de Yoon en la investigación era incierta desde el comienzo. En las últimas semanas, sus miembros habían bloqueado varias veces las órdenes de registro de las dependencias presidenciales.

Desde su encierro, Yoon prometió combatir a las autoridades que buscan detenerlo e interrogarlo por haber declarado la ley marcial y haber enviado al ejército a la Asamblea Nacional.

Uno de sus abogados, Yoon Kap-keun, insistió este viernes que la orden de arresto es "ilegal e inválida" y que, por lo tanto, su ejecución "es ilegítima". "Se tomarán acciones legales respecto a la ejecución ilegal de la orden", afirmó.

Fuerte despliegue policial

La zona está acordonada por un importante dispositivo policial. En los alrededores de la residencia están concentrados cientos de partidarios de Yoon, algunos de los cuales pasaron allí toda la noche.

En medio de un fuerte despliegue judicial y mediático, los partidarios del presidente coreaban su nombre y entonaban cánticos como "La orden de captura ilegal no es válida".

Lee Hye-sook, un simpatizante de Yoon de 57 años, aseguró que los líderes opositores "intentan transformar el país en un Estado socialista, similar a Corea del Norte", un vínculo establecido varias veces por el presidente.

La agencia de prensa local Yonhap asegura que se han desplegado 2 mil 700 agentes y 135 vehículos policiales para evitar enfrentamientos entre los seguidores del presidente y manifestantes de signo contrario presentes también en la zona.

Yoon sumió al país en una grave crisis política al declarar por sorpresa la ley marcial por primera vez en la historia democrática de Corea del Sur en la noche del 3 de diciembre.

Horas más tarde se vio obligado a dar marcha atrás presionado por los diputados opositores mayoritarios en la Asamblea Nacional y por miles de manifestantes que se echaron a las calles.

Tanto el presidente como algunos de sus colaboradores enfrentan ahora una investigación por "insurrección", un delito que puede castigarse con cadena perpetua o pena de muerte.

El viernes, la fiscalía imputó por insurrección a dos altos cargos militares, entre ellos el general nombrado comandante de la ley marcial, que ya estaban bajo arresto.

En el caso de Yoon, los investigadores lo citaron sin éxito en tres ocasiones para ser interrogado y finalmente optaron por pedir a la justicia una orden de arresto contra él.

El equipo legal de Yoon presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar bloquear la orden de arresto que consideran "inválida e ilegal".

Pero el jefe de la oficina anticorrupción, Oh Dong-woon, alertó que si alguien intenta impedir la detención puede ser perseguido judicialmente.

Según los medios surcoreanos, los responsables de este organismo quieren arrestar a Yoon y trasladarlo a su oficina en Gwacheon, cerca de Seúl, para un interrogatorio.

Después, el presidente suspendido puede seguir retenido hasta 48 horas en virtud de la orden de arresto actual. Para mantenerlo más tiempo bajo arresto, los investigadores deben solicitar otra orden a la justicia.