La inmensa mayoría de los trabajadores agrícolas del país labora en condiciones deplorables: en Puebla, reciben en promedio 180 pesos diarios (alrededor de 5 mil 400 al mes, muy lejos del mínimo legal) por cubrir jornadas de 10 o más horas diarias, sin seguridad social ni prestaciones. El promedio nacional es todavía más desolador, con apenas 3 mil 400 pesos al mes. Las tasas de informalidad laboral rondan 80 por ciento. Para quienes no perciben un sueldo, sino que trabajan su propia tierra, el problema radica en que la baja productividad, la falta de apoyos gubernamentales, los insuficientes precios de garantía, la carencia de insumos, la sequía y otros factores han vuelto inviable su actividad, pues el costo de sembrar es más alto que los beneficios posibles. En consecuencia, más de 60 por ciento del ingreso total de los hogares rurales proviene de actividades no agropecuarias, como programas sociales o empleos temporales en el comercio y los servicios.
Lo anterior ha provocado una caída tanto en el número de personas que viven en y del campo como en su participación en el producto interno bruto y en la superficie sembrada: en Puebla, no se siembra 15.2 por ciento de los terrenos agrícolas y forestales, lo que se traduce en 200 mil hectáreas abandonadas. Lo más grave en términos de soberanía alimentaria es que las parcelas abandonadas corresponden a granos básicos como el maíz y frijol, que conforman la base de la dieta de la mayoría de los mexicanos. Si a ello se suma que muchas de las que se aprovechan pasaron a usarse en cultivos de alto valor comercial destinados a la exportación, se explica la creciente dependencia nacional de maíz, chile y otras especies nativas que ahora se compran en el exterior.
Para académicos y líderes de organizaciones campesinas, la principal causa de las condiciones del campo reside en la ausencia, insuficiencia o inadecuación de políticas públicas; por ejemplo, en no proveer a los campesinos de los insumos que precisan o no elevar los precios de garantía y extenderlos a todos los productores, incluidas las grandes empresas. Sin embargo, esta perspectiva desconoce varias realidades que exhiben la complejidad del problema y el escaso margen de acción de las autoridades. Así, es imposible justificar económicamente que cuatro de cada cinco peones agrícolas michoacanos estén en la informalidad cuando allí reina el aguacate, un producto de altísimo valor que genera auténticas fortunas a los dueños de los huertos. Otro tanto puede decirse de los trabajadores temporales de los valles de Mexicali y San Quintín, en Baja California, tierras de gran riqueza donde los empresarios recurren a prácticas como la de “saliendo y pagando” (pago diario a fin de evadir las contrataciones y la existencia de nóminas) o la de ocultar a los jornaleros cuando los inspectores de Trabajo y Previsión Social acuden a revisar las condiciones prevalecientes.
Otra realidad insoslayable es el acaparamiento de las mejores tierras por parte de empresas e individuos nacionales y extranjeros, desencadenado por las reformas neoliberales salinistas que buscaron deliberadamente acabar con la propiedad social rural y por el tratado de libre comercio que puso a los campesinos pobres a competir con las trasnacionales estadunidenses y canadienses. De poco sirven los apoyos gubernamentales si las tierras más productivas están privatizadas, se dedican a lo que deja ganancias inmediatas en vez de satisfacer las necesidades de la población, y los pequeños agricultores tienen parcelas cuya productividad ya limitada ha sido casi eliminada por la sequía.
En este contexto, parece claro que la única manera de recuperar el campo mexicano como sostén de la soberanía alimentaria pasa por una transformación del modelo económico. Sin este cambio, se corre el riesgo de que los apoyos al campo vuelvan a ser el paraíso de corrupción y tráfico de influencias que fueron durante el periodo neoliberal, en el que los gobernantes entregaban miles de millones de pesos a sí mismos y a sus amigos, un pasado del que siguen nostálgicos algunos de los críticos de la actual situación agraria.
