Santiago. “A las AFP (administradoras de fondos de pensiones) no les gusta la reforma de pensiones, es una muy buena señal para avanzar”, publicó la semana pasada en una red social el presidente centroizquierdista chileno Gabriel Boric, aludiendo a la disputa ideológica que hay en la base de la sucesivamente frustrada intención de modificar el régimen previsional neoliberal que opera en Chile, una discusión que está “al rojo vivo” y cuyos plazos se agotan.

Las AFP son empresas mayoritariamente trasnacionales a cargo del dinero de los asalariados, ganando más de ocho mil millones de dólares después de impuestos en sus 44 años de existencia; ahorros que van al mercado de capitales a financiar a los grupos empresariales.

Es un debate que se arrastra por 15 años y que está en su punto culminante ante la evidencia de que la mitad de los 1.9 millones de jubilados a cargo de las AFP, tienen pensiones inferiores a 180 dólares mensuales. Y que la suerte de millones que se jubilarán en los próximos años no será distinta si no se actúa ya.

La negociación, congelada en agosto, se retomó en diciembre; la esperanza es que un acuerdo se vote en enero en el Senado, para pasar a la Cámara de Diputados donde se prevé otra discusión compleja por el fraccionamiento político. Si aquello no ocurre, la reforma se da por muerta en el año que desde marzo le restará a la presidencia de Boric, porque 2025 será un año electoral, con comicios en noviembre.

El meollo radica en definir qué destino tendrán los seis puntos de cotización adicionales a aprobar, a cargo del empleador ahora inexistente, lo cual llevaría a aquella a 16 por ciento del salario.

La clase política lleva años peleando por la distribución de esos 6 puntos eventuales: inicialmente eran íntegros para un fondo intergeneracional, después pasó a cuatro y dos para la cuenta individual, luego a partes iguales; ahora la derecha, mayoría en el Parlamento, y las AFP se oponen acérrimamente a que un mínimo sirva para reparto, todo debe ir a las cuentas individuales pese a la evidencia de que pagan pensiones inferiores a la mínima garantizada por el Estado.

Hubo un atisbo de oportunidad, cuando la derecha pareció acceder a que medio punto vaya a un fondo común, como préstamo al fisco, destinado a igualar la previsión de hombres y mujeres, hoy en promedio 30 por ciento inferiores a las de ellas.

La senadora independiente Alejandra Sepúlveda, miembro de la Comisión de Trabajo donde se debate el tema, comentó que “nosotros esperamos que a lo menos exista un 0.5 o uno por ciento para equiparar las pensiones entre hombres y mujeres. Esperamos que se entienda que la línea roja es aumentar las pensiones y que sea sostenible en el tiempo, la discusión es esa, (pero) la complicación va a ser incluso el 0.5 por ciento”.

Las AFP reaccionaron diciendo que “es un préstamo forzoso que obliga como cotizante a prestarle al Estado para devolvértelo en 40 años”.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien lidera la negociación, respondió ayer que “las AFP han hecho una gran resistencia para que caiga la reforma, eso es una realidad, buscan proteger su negocio y tienen cero autocrítica”.

Desde la sociedad civil también hay cuestionamientos a cómo el gobierno ha ido cediendo, abandonando la promesa de terminar con las AFP.

La “Coordinadora no + AFP”, una organización que hace seis años puso en la calle a millones, publicó: “llamamos al presidente Boric a retirar el proyecto de reforma, que claramente no es lo que el pueblo trabajador necesita”, agregando que de aprobarse en los términos que fuerza la derecha “será quizá la peor traición a la ciudadanía que se haya registrado en décadas”.

Marco Kremerman, experto de la Fundación Sol, afirmó que “la discusión da cuenta de la profunda crisis que atraviesa el sistema político”, porque “no está sobre la mesa el hecho de que más del 70 por ciento de las pensiones están por debajo del salario mínimo, incluyendo el aporte estatal, el sistema de cuentas individuales está entregando una tasa de reemplazo menor a un tercio del salario como promedio los últimos diez años; ha sido un fracaso y va a ser un fracaso aunque aumente la cotización a cuentas individuales”, estimó.

Aquí, agregó, “se está negociando en una lógica de pedirle disculpas al sector financiero, a las AFP y a los grupos políticos que representan esos intereses. No hay una propuesta clara de conformar un sistema de seguridad social”.