Más allá de lo que se declare, en México no existe soberanía alimentaria. Según Vía Campesina, la soberanía alimentaria consiste en el derecho que los pueblos tienen a producir su comida, en su territorio, en forma que refuerce sus valores culturales y el ambiente. Debe garantizar que campesinos, granjeros familiares y mujeres rurales cuenten con los recursos necesarios para producir alimentos, tener mayor acceso y control sobre la tierra, las semillas, el agua, los créditos y los mercados (https://shorturl.at/frdGC).
Nada de eso sucede aquí. Para empezar, se importan más de la mitad de los granos básicos que su población consume. La acción combinada de los acuerdos de libre comercio (en especial, el T-MEC), la contrarreforma agraria al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, que abrió la propiedad social al mercado de tierras, la operación desregulada de grandes consorcios agroindustriales y la carencia de financiamiento y políticas de fomento nos han convertido en un país sometido a los intereses los gigantes agroalimentarios.
Nuestra dependencia productiva puede verse, por ejemplo, en las importaciones de fertilizantes, agravadas por la guerra entre Rusia y Ucrania. Sólo fabricamos cerca de 30 por ciento del que necesitamos. Durante el primer semestre de 2024, las importaciones superaron en 17.5 por ciento las cifras del mismo periodo del año pasado, ya de por sí elevadas. Irónicamente, durante las últimas décadas del siglo pasado, el país era autosuficiente para fabricar sus abonos.
Desde la entrada de México al GATT (1986) y las sucesivas contrarreformas al 27 constitucional se ha venido desmantelando la agricultura campesina y fortaleciendo un modelo agroexportador. Exportamos (principalmente a EU), cerveza, tequila, aguacate, berris y hortalizas, y compramos maíz, arroz, frijol, ¡azúcar!, soya (segundo importador estadunidense de la oleaginosa a escala mundial), sorgo. Las ganancias de nuestras exportaciones se las quedan empresas trasnacionales.
Este modelo ocupa masivamente a unos 3 millones de jornaleros que laboran en condiciones de explotación salvajes. Trabajan jornadas que exceden ocho horas diarias. Las familias viven hacinadas en cuarterías y campamentos, muchas veces sin agua potable. No cuentan con seguridad social ni servicios médicos; los días de descanso pagados son inusuales y los niños no van a la escuela. Están expuestos a plaguicidas. Las mujeres son acosadas sexualmente por capataces y empleados. Muchos jóvenes consumen cristal para soportar las agobiantes cargas de trabajo. Los intentos de sindicalización y de negociar contratos de colectivos son perseguidos y sancionados por los patrones. Por desgracia, no hay políticas ni recursos destinados para frenar esta situación, que nada envidia a lo narrado en 1910 por John Kenneth Turner en México Bárbaro.
No hay evidencias que permitan suponer que con el presupuesto rural aprobado para 2025 las cosas vayan a cambiar. Como ha explicado Ernesto Ladrón de Guevara, los recursos asignados suman 453 mil 711 millones de pesos, apenas poco más de 1 por ciento superior en términos nominales al de 2024. O sea, no compensa los efectos de la inflación.
El presupuesto no garantiza el aumento en la producción de básicos para sustituir importaciones, ni destina recursos significativos al fomento agropecuario. Por ejemplo, el Programa Especial Concurrente del Sector Rural no asigna montos para crédito ni para seguro agrícola, elementos centrales para apoyar el campo. Tampoco aparece IMSS Bienestar. Menos aún, dispone de apoyos para la organización colectiva para la producción, necesarios para que los campesinos puedan alcanzar economías de escala que les permitan enfrentar, en una cancha no tan dispareja, a coyotes e industriales.
El 10 de noviembre, Julio Berdegué Sacristán, titular de Agricultura, anunció la creación de Productora de Semillas del Bienestar, para proveer de granos de alta calidad a los frijoleros. Consumimos al menos un millón de toneladas de la leguminosa, pero se cosechan sólo 700 mil, señaló. Sin embargo, el presupuesto no considera explícitamente monto para ese rubro.
Unos días antes, el 22 de octubre, ese funcionario informó sobre el programa Cosechando Soberanía, que “dará la oportunidad de aumentar la producción de los principales alimentos en mil 175 municipios con altos niveles de pobreza y potencial de producción, donde serán beneficiados 536 mil productores” hacia finales de 2030. Desafortunadamente, en el presupuesto para 2025 no aparecen recursos asignados a este programa.
El 25 de noviembre el secretario señaló que se impulsará la tecnificación del riego, en 52 mil hectáreas para los distritos 010 y 075 en Sinaloa. Pero no está claro de dónde se obtendrá el presupuesto.
En cambio –explica Ladrón de Guevara– se ubican como recursos destinados al sector rural los programas Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez (dependiente de la SEP) y el Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (adscritos a Gobernación).
Apoyos directos, como el destinado a los Adultos Mayores, aumentan los ingresos de personas dentro de los pueblos, pero no promueven el cultivo de básicos ni el trabajo, están desvinculados de la producción. Otros programas han fragmentado (y promovido la venta) de las áreas comunes de ejidos y comunidades.
Sin más gasto al campo y sin recursos suficientes para políticas de fomento, sin echar atrás las contrarreformas al 27 constitucional, sin la defensa de los jornaleros, sin organizaciones de pequeños productores fuertes, sin otro modelo agropecuario, con el acaparamiento de las concesiones de agua para uso agrícola, no sólo no habrá soberanía alimentaria, sino que se profundizará nuestra dependencia.
X: @lhan55
