Quito. Ecuador vivió este año una Navidad en medio del dolor por la desaparición de cuatro menores de edad de entre 11 y 15 años el pasado 8 de diciembre, luego de ser detenidos por una patrulla militar.

El país andino se mantiene expectante de los resultados de las pruebas de ADN a cuatro cuerpos calcinados y maniatados, encontrados el 24 de diciembre en la misma zona del suroeste del país donde se les vio por última vez con vida​​​.

"Yo no tengo vida", dijo Ronny Medina, padre de uno de los adolescentes, ante el parlamento, al describir su dolor y la incertidumbre por el paradero de su hijo y sus tres amigos, ausentes de sus hogares desde aquella tarde en que pidieron permiso para ir a jugar fútbol.

Fue la última vez que Josué Didier Arroyo Bustos (14 años), su hermano Ismael Eduardo Arroyo Bustos (15 años), Steven Gerald Medina Lajones (11 años) y Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero (15 años), todos residentes del barrio Las Malvinas, en el sur de la ciudad de Guayaquil, fueron vistos con vida.

Desde entonces abundan las versiones, encontradas, de las autoridades del gobierno, organizaciones de derechos humanos y familiares, que alimentan las dudas sobre lo ocurrido, en una nación sacudida por la violencia.

El suceso se enmarca en el estado de militarización que vive Ecuador, luego de que el 6 de enero el presidente, Daniel Noboa, decretara el estado de conflicto armado interno en el marco de su programa de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Este hecho ocurrió a menos de un mes del inicio de la campaña electoral de los comicios generales del 9 de febrero de 2025 y podría pasarle factura al presidente en sus aspiraciones reeleccionistas.

Desaparición forzada y respuesta internacional

El 24 de diciembre, durante una audiencia de habeas corpus, la jueza Tanya Loor aceptó que el caso sea investigado como "desaparición forzada" y con "responsabilidad del Estado".

En el propio acto jurídico el representante legal del Ministerio de Defensa, Leonardo Alvear, negó que se trate de una desaparición forzada y explicó que tras el operativo en el que fueron detenidos, quedaron en libertad sin llegar a ser ingresados a una base militar.

Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, dijo el lunes ante la Asamblea Nacional que se trató de un "malhadado incidente"; el abogado de las familias de los niños, Fernando Bastias, insistió en que se trata de una "desaparición forzada" y una "clara violación a los derechos humanos".

Para algunos organismos internacionales relacionados con la materia, la desaparición de los niños de Las Malvinas puede configurar un caso de violación de los derechos humanos.

El 24 de diciembre, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pidió a las autoridades ecuatorianas acciones urgentes para la resolución del caso y demandó el establecimiento "de forma urgente" de una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata de los cuatro jóvenes.

La Oficina de ONU Derechos Humanos para América del Sur (ACNUDH) y la oficina regional de UNICEF expresaron por medio de un comunicado conjunto su solidaridad con las familias de los adolescentes.

En el texto exigen al Estado ecuatoriano que agote todos los mecanismos necesarios en la investigación de los hechos de manera exhaustiva, ágil e imparcial, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

"La desaparición forzada y detención ilegal de niños, niñas y adolescentes no es justificable en ninguna circunstancia", subrayaron ambas organizaciones internacionales.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expuso a través de un comunicado que continuará su monitoreo de las acciones del Estado ecuatoriano para el esclarecimiento del hecho.

"Los Estados deben investigar de oficio, sin demora, de manera seria, imparcial y efectiva, todos los casos y denuncias de desapariciones, a fin de garantizar la libertad personal, la integridad y la vida", puntualizó el organismo hemisférico.

Identificación

Durante los últimos días las familias de los adolescentes han vivido una agonía marcada por la espera de la identificación de los cuatro cuerpos calcinados, con signos de violencia y en avanzado estado de descomposición, encontrados el 24 de diciembre en un manglar, a 16 kilómetros de la base aérea de Taura.

El hallazgo ocurrió casi en paralelo a la orden del ministro de Defensa para la detención de 16 uniformados involucrados en la detención y posterior desaparición, pero el proceso de identificación de los restos podría durar entre 15 días y un mes, según expertos en el tema.

Una especialista del Laboratorio de Ciencias Forenses de Guayaquil indicó al medio local Ecuavisa.com que se manejan tres mecanismos técnicos para la identificación de cadáveres catalogados como NN o anónimos: pruebas de dactiloscopia, antropología forense y genética forense.

El primer examen queda descartado por tratarse de cuerpos carbonizados, y la genética forense (prueba de ADN) se aplicaría como último recurso.

Niños héroes o delincuentes

Al pronunciarse sobre el hecho, el presidente propuso declarar a los cuatro menores como "Héroes Nacionales", mientras su ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, apuntó a la participación de los niños en un acto delictivo, de acuerdo con un parte policial.

Noboa se pronunció en tales términos cuando todavía no aparecían los cuerpos calcinados en la zona de la Base Aérea de Taura, lo cual causó el rechazo de familiares y activistas por los derechos humanos.

Por su parte, Loffredo adjudicó la desaparición de los menores a "grupos delincuenciales" e insistió en su participación en un supuesto robo el día de su detención; sin embargo, esta versión carece de pruebas documentales, según lo ha admitido el alto mando castrense.

Ante el Parlamento, el comandante general de la Fuerza Aérea, Celiano Cevallos, afirmó que el arresto de los menores resultó una acción improvisada durante el regreso de la patrulla a la Base Aérea.

"No hubo un operativo específico para la aprehensión de los adolescentes. El evento fue producto de una circunstancia ocurrida durante el retorno de la patrulla tras cumplir su misión principal, que era escoltar un camión con contrabando hasta la aduana de Guayaquil", argumentó el alto oficial.

Este martes se prevé la formulación de cargos contra los 16 uniformados por presunta "desaparición forzada", pero aún el mando castrense insiste en que los dejaron "vivos y sanos", en la noche, a más de 40 kilómetros de donde fueron capturados.