Puebla, Pue. Aunque el aborto voluntario fue despenalizado el 15 de julio pasado en Puebla, el acceso al servicio gratuito enfrenta limitaciones debido a que se ha dejado pendiente una reforma complementaria a la Ley Estatal de Salud que propone clasificar esa atención como “prioritaria”.

En el estado la cobertura se encuentra garantizada únicamente en las ciudades de Puebla, Tehuacán y Cuautlancingo, a través de seis hospitales públicos, una cifra que contrasta con los 217 municipios que integran a la entidad federativa.

Esta situación ha generado críticas de colectivos feministas y de derechos humanos, quienes señalan que las mujeres de comunidades rurales y marginadas son las más afectadas, al no tener acceso real a este servicio.

Marisol Escudero, coordinadora jurídica de Ipas Latinoamerica y el Caribe, consideró insuficiente el número de unidades médicas que proporcionan la interrupción legal del embarazo actualmente, en entrevista con La Jornada de Oriente, publicada el 16 de julio pasado.

“Definitivamente, las barreras de acceso y traslado no pueden ser una justificante para que las personas no accedan a los servicios de aborto seguro”, manifestó la especialista de Ipas, organización internacional que trabaja en 17 países para expandir el acceso al aborto y acabar con los procedimientos inseguros.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud informó en el cierre del año que se realizaron 103 procedimientos legales y gratuitos en los seis hospitales habilitados en un plazo de mes y medio.

Reforma pendiente: una deuda legislativa

La primera iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud permanece en la congeladora legislativa desde noviembre de 2020, a pesar de que se han presentado propuestas similares desde entonces que buscan garantizar el acceso universal y gratuito a la interrupción legal del embarazo.

Además, ninguno de los nuevos integrantes del Congreso, que rindieron protesta en septiembre por un periodo de tres años, ha asumido como bandera la aprobación de ese proyecto, pese a que el partido Morena tiene mayoría y se trata de una fuerza política con una ideología afín a la iniciativa.

La reforma pendiente propone diversas modificaciones enfocadas en garantizar el acceso efectivo al aborto y a la atención integral de la salud sexual y reproductiva.

Plantea que la atención en salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción legal del embarazo, debe ser clasificada como prioritaria, lo que implicaría la asignación de recursos para garantizar el acceso en todo el estado.

De hecho, el artículo cuarto transitorio del proyecto presentado el 16 de junio de 2021 por las entonces diputadas Rocío García Olmedo y Estefanía Rodríguez Sandoval establece que el gobernador del estado deberá de solicitar en el presupuesto egresos de la Secretaria de Salud, “los recursos suficientes que permitan atender la interrupción legal de embarazos”.

También propone incluir la educación sexual, la planificación familiar y el aborto legal como parte de los servicios básicos de salud ofrecidos por el sistema estatal, a fin de prevenir embarazos no deseados y reducir la incidencia de abortos inseguros.

A la par, sugiere regular la objeción de conciencia en el artículo 70 Ter del proyecto, para que médicos y enfermeras tengan la posibilidad de declararse objetores de conciencia.

No obstante, establece que esta condición no puede ser invocada en casos de urgencia médica o cuando no exista personal alternativo disponible. Asimismo, obliga a las instituciones a garantizar la prestación del servicio.

La reforma también incluye la obligación de proporcionar consejería médica y social a las mujeres solicitantes, informándoles sobre opciones como la adopción y los programas sociales disponibles, además de los riesgos y consecuencias del procedimiento.

A la par, el proyecto destaca la necesidad de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos seguros, especialmente en comunidades vulnerables, como medida preventiva para reducir embarazos no planeados y abortos inseguros.

Para asegurar la efectividad de estas medidas, se prevé la creación de programas educativos permanentes y la recopilación de datos sobre salud reproductiva, con el fin de diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

Contenido de la reforma pendiente

La propuesta de reforma a la Ley Estatal de Salud establece un procedimiento para garantizar que las mujeres puedan acceder al aborto legal de manera gratuita, rápida y segura en la entidad.

La iniciativa contempla que las instituciones públicas de salud del estado realicen las interrupciones legales, para todos los casos contemplados en el Código Penal estatal, es decir, cuando la mujer lo solicite dentro de las primeras 12 semanas de embarazo y en los casos de excepción de sanciones posteriores a ese lapso.

Además, se asegura que cualquier mujer pueda acceder al procedimiento, incluso si ya cuenta con algún servicio médico público o privado. Para ello, las instituciones deben garantizar la confidencialidad absoluta de los datos personales de las pacientes.

El documento especifica que las instituciones de salud deben realizar el procedimiento en un plazo no mayor a cinco días naturales desde que se presenta la solicitud. En situaciones donde la mujer declare bajo protesta de decir verdad que el embarazo es resultado de una violación sexual, el aborto deberá realizarse de manera inmediata, sin mayores dilaciones.

Consejería médica y social

Además, antes de proceder con la interrupción, las instituciones están obligadas a ofrecer servicios de consejería médica y social para proporcionar información veraz y completa sobre otras opciones disponibles, como la adopción o programas sociales de apoyo, así como orientación sobre los posibles riesgos y consecuencias del procedimiento en la salud de la solicitante.

La iniciativa de reforma estipula que el gobierno del estado, en coordinación con la Secretaría de Salud, tendrá un plazo de 90 días hábiles para emitir los lineamientos generales de organización y operación de los servicios de interrupción legal del embarazo.

Los lineamientos incluirán detalles sobre la distribución de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para garantizar el acceso universal.

De acuerdo con la Secretaría Salud, los seis hospitales que brindan esta atención clínica son el Hospital de la Mujer, el ISSSTE, el ISSSTEP y el Hospital General del IMSS “La Margarita”, ubicados en Puebla capital, así como el Hospital de la Mujer de Tehuacán y el Hospital General Zona No. 35 del IMSS de Cuautlancingo.