El pasado 9 de diciembre, 13 custodios y una enfermera participaron en el asesinato a golpes de Robert L. Brooks, un afrodescendiente preso en la instalación correccional de Marcy, Nueva York. En una grabación difundida el fin de semana por la fiscalía neoyorquina, se observa cómo al menos tres guardias propinan una brutal paliza a Brooks mientras éste se encuentra esposado a una mesa ante la completa pasividad de sus compañeros, todos ellos blancos. Tras la divulgación del video se supo también que varios de los agresores tenían un escabroso historial de agresiones en cárceles estatales, donde algunos internos terminaron hospitalizados, con la nariz rota, conmoción cerebral y la necesidad de usar silla de ruedas.

Unos meses antes, en julio, Sonya Massey –también afroestadunidense– llamó a la policía pidiendo ayuda por un posible intruso en su casa. Al llegar, los agentes sostuvieron una breve conversación con ella y después la mataron a tiros. Las imágenes de cámaras corporales de los uniformados del estado de Illinois muestran claramente que Sonya estaba desarmada y en calma en el momento del brutal asesinato.

Estos dos casos representan sólo una pequeña muestra de la brutalidad policial que plaga a Estados Unidos y que afecta de forma desproporcionada a las personas no blancas, en particular a negros y latinos. En todo 2023, sólo hubo 20 días en los que fuerzas del orden en Estados Unidos no mataron a nadie. En septiembre y noviembre de ese año, no hubo un solo día en que no muriera una persona a manos de la policía. La regla general es la impunidad: en 98 por ciento de las mil 183 muertes violentas provocadas por la policía en 2022, no se presentaron cargos ni hubo consecuencias penales para los oficiales involucrados.

Para los agentes policiacos es tan fácil asesinar impunemente, que lo hacen incluso cuando saben que sus ataques quedarán videograbados. Así ocurrió cuando Ray Tensing detuvo a Samuel DuBose el 19 de julio de 2015 por conducir sin la placa delantera de su vehículo: el uniformado disparó a sangre fría a DuBose, cuando seguía dentro de su carro, con el cinturón de seguridad puesto y a todas luces desarmado. Pese a que todo ello fue registrado, el jurado reunido en Cincinnati, Ohio, no logró el acuerdo para un veredicto y el proceso se desechó. Tensing quedó libre sin ningún cargo.

Si semejantes violaciones a los derechos humanos se repiten sin cesar por todo el territorio estadunidense es porque las fuerzas del orden cuentan con un blindaje legal e institucional que los pone fuera del alcance de la justicia. Por principio de cuentas, la doctrina de inmunidad cualificada aprobada por la Suprema Corte en 1967 impide demandar a oficiales del gobierno cuando violan la ley si lo hacen de buena fe, un criterio tan subjetivo que en los hechos constituye una patente de corso. Además, en la gran mayoría de las jurisdicciones se permite a los departamentos de policía seleccionar cuáles casos que involucran a sus miembros se deben investigar y cuáles no, por lo que las acusaciones de mala conducta se descartan sin revisión. En las contadas ocasiones que se pone en marcha la disciplina interna, investigadores e investigados son colegas y amigos, y se constata de manera sistemática la prevalencia del espíritu de cuerpo sobre la observancia de la ley. Por si este entramado de impunidad no fuera suficiente, los protocolos de los departamentos de policía permiten limpiar los expedientes de los agentes después de apenas 18 meses, un dato esclarecedor acerca de cómo los asesinos de Robert Brooks seguían trabajando en correccionales cuando se sabía que son agresores seriales.

Ha terminado un año más y está por culminar otro periodo presidencial en el autoproclamado faro de la democracia sin que sus autoridades muevan un dedo para garantizar a los ciudadanos que no morirán por una infracción de tránsito, por solicitar la ayuda de la policía, por cumplir una sentencia de cárcel o simplemente por el color de su piel. Éste es sólo uno de los múltiples problemas que la superpotencia debería resolver antes de sentirse investido de autoridad moral para decirle a otros países cómo manejar sus asuntos.