Miles de personas de organizaciones sociales y ambientales que habían pasado todo el año luchando por proteger a los cinco defensores del agua de Santa Marta, injustamente detenidos por el gobierno de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, pensaban que podrían pasar unos días de descanso festivo y en paz con sus familias. Un segundo injusto juicio contra los activistas, dado que el primero en el que fueron puestos en libertad fue injustamente invalidado, (ver artículo anterior, “Ante la minería ni un paso atrás”, La Jornada 24-12-16), se aplazó para principios de febrero.
Pero Bukele aprovechó la cercanía de la Navidad para apresurar, el 19 de diciembre, un voto casi mayoritario en la Asamblea Legislativa en la que su partido Nuevas Ideas tiene 57 de 60 escaños para derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica de 2017.
Mejor lo expresa Maricela Ramos, habitante de la comunidad de Santa Marta en Cabañas, una de las comunidades que han luchado por la prohibición de la minería y que siguen en resistencia por la persecución política por la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y sus territorios: “En tan sólo dos horas de plenaria, 57 diputados pisotean 12 años de lucha, de trabajo y un logro histórico a nivel mundial, como lo fue la ley de prohibición de la minería en El Salvador. En tan sólo dos horas tiran a la nada una ley que llevó años de investigación, análisis, trabajo comunitario y vidas ofrendadas. En tan sólo dos horas estos diputados, desde la comodidad de su poder, desconocen a todo un pueblo que tiene derecho a la consulta ciudadana para escuchar si están de acuerdo con sus intenciones tan descaradas. Y no es porque no conocen lo que la minería trae al país, es porque les vale lo que el pueblo quiere, es porque no les importa la vida de las personas y la seguridad ambiental de nuestro país. Qué ruin y miserable lo que le hacen al pueblo salvadoreño” (https://tinyurl.com/9u4p9bf4).
Ante la inminente derogación de la ley, recientemente publicamos el artículo “15 razones por las que El Salvador rechazó la minería de oro que aún siguen vigentes”, en El Faro, un periódico digital salvadoreño crítico, que tuvo que mudar su estructura administrativa y legal a Costa Rica en 2023 por los ataques y amenazas de Bukele. El artículo se basa en años de investigaciones diversas. Explicamos cómo “El Salvador enfrenta múltiples desafíos y amenazas ambientales que se verían exacerbados por la minería industrial a gran escala y cómo el 29 de marzo de 2017 la Asamblea Legislativa de entonces votó unánimemente a favor de prohibir todo tipo de minería metálica para salvar sus ríos y sus aguas” (https:// tinyurl.com/4sfmmy77).
Entre las razones expuestas, se explica cómo una encuesta elaborada por la Universidad Centroamericana (UCA) de 2015 reveló que cuatro de cada cinco salvadoreños que viven en zonas afectadas por proyectos mineros se oponían a la extracción de oro en sus comunidades. Su oposición se basa en cálculos de que las minas de oro utilizan entre 6 mil 937 y 18 mil litros de agua por onza producida. El Salvador tiene los recursos hídricos per cápita más bajos de Centroamérica y entre los menores de todo el hemisferio, siendo el río Lempa la única cuenca importante.
La Iglesia católica de El Salvador se ha opuesto a la minería metálica desde 2008. La Conferencia Episcopal salvadoreña se expresó en contra en 2016 y 2024, inspirados en la segunda encíclica del papa Francisco llamada Laudato sí, que aborda el cambio climático y la necesaria protección del medio ambiente.
Aunque Bukele ha dicho que sólo quiere “minería sostenible”, la actividad es inherentemente insostenible: es destructiva para el medio ambiente, sus contribuciones potenciales al bienestar humano son desiguales y sus beneficios a corto plazo son minimizados por los daños sociales y ambientales que causa a largo plazo. Esto ha provocado una reacción global en contra de la industria, no sólo en El Salvador, si no en otros países, como la vecina Costa Rica, que también ha detenido ciertos tipos de minería, y en México, donde se pretende no dar nuevas concesiones mineras.
Está más que documentado cómo la minería y otras industrias extractivas aumentan los conflictos, la violencia y la corrupción. Además, en el caso del oro no hay una verdadera utilidad industrial, pues casi todo se almacena en las reservas de los bancos centrales o se utiliza para joyería. La organización estadunidense Earthworks calcula que por cada anillo de compromiso de oro la minería produce más de 20 toneladas de residuos contaminados (https://tinyurl.com/yusrn3hz).
Encima de todo, El Salvador se volverá a exponer a tribunales supranacionales por empresas mineras, ya que recurren cada vez más al mecanismo de solución de diferencias entre inversionistas y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). Ya ha sido demandado por mineras en dos ocasiones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial y ha tenido que enfrentar costosos y desgastantes litigios por el derecho a proteger sus aguas. El Salvador se libró admirablemente en ambos casos con una defensa legal impecable. En la actualidad se conocen globalmente 123 demandas de mineras a Estados, lo cual demuestra que no sólo El Salvador se opone a proyectos destructivos.
Será una lástima para muchos países de la región, incluido México, que el ejemplo que fue la prohibición a la minería en El Salvador haya sido tirado por Bukele a su basurero, como ha despreciado los Acuerdos de Paz de 1991 que pusieron fin a la guerra civil del país.
*Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)
