En vísperas del inicio del segundo mandato de Donald Trump, quien ha prometido hacer deportaciones masivas de indocumentados, 18 estados del país vecino cuentan con leyes que buscan restringir los derechos y libertades de las comunidades migrantes, incluidos mexicanos.
Estas medidas, presentadas como mecanismos para reforzar la seguridad fronteriza o el cumplimiento de la ley, han generado preocupación debido a su posible impacto discriminatorio y punitivo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Immigrant Legal Resource Center, si bien la ley estadunidense de inmigración es de competencia federal, los estados tienen un papel crucial en su aplicación. En la última década, entre 70 y 75 por ciento de las detenciones de extranjeros operadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) derivaron de aprehensiones hechas por autoridades locales.
Desde el inicio del programa Comunidades Seguras, en 2007 –que fue desactivado en 2014, vuelto a poner en marcha por Trump en su primer periodo presidencial y detenido nuevamente por Joe Biden–, el ICE recibe notificaciones automáticas sobre personas detenidas en cárceles locales, estatales y federales, independientemente del motivo de su arresto.
Las normas antimigrantes más duras están en Texas, Florida, Alabama, Louisiana, Iowa y Virgina Occidental, que obligan a los organismos locales a implicarse en las deportaciones. En contraste, Oregon, Illinois, California, Nueva Jersey y Washington destacan con políticas que protegen a los migrantes.
Algunos estados, como Texas, ya integraron la aplicación de leyes de inmigración en su sistema penal, mientras otros han creado nuevos mecanismos legales para criminalizar la presencia irregular de extranjeros. Sin embargo, están siendo cuestionadas en tribunales federales.
Tal es el caso de la ley texana SB4, aprobada en 2023, que hace que el cruce indocumentado por la frontera con México sea un delito estatal y autoriza a las policías locales a detener y deportar a México a migrantes. Está suspendida temporalmente porque se promovieron múltiples demandas que continúan pendientes de resolver, de acuerdo con el Observatorio de Leyes y Medidas Antimigrantes de la SRE, que califica la SB4 como xenófoba y racista.
Otros estados que cuentan con legislaciones de rechazo son Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Montana, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Oklahoma y Tenesi.
Ante dichas normas, la cancillería aconseja a los paisanos que se mantengan informados y que conozcan sus derechos. Advierte además que en caso de enfrentarse a una detención, no deben firmar una orden de regresar a México sin hablar con un abogado, y que si no están bajo arresto no necesitan proporcionar información sobre su situación migratoria.
