El “Plan México: Estrategia Nacional de Industrialización y Prosperidad Compartida” promete empleo, inversión extranjera directa (IED) y sostenibilidad. Sin embargo, un análisis más profundo plantea serias dudas sobre su capacidad para traducir estas metas en resultados tangibles y equitativos. De no corregirse, podría perpetuar desigualdades regionales y consolidar un modelo maquilador dependiente de tecnología extranjera, en lugar de catalizar una verdadera transformación económica.

Uno de los retos más evidentes es la falta de estrategias claras para desarrollar las vocaciones productivas en las regiones más rezagadas. Sin políticas que promuevan actividades de mayor valor agregado, estas áreas podrían quedar marginadas mientras los estados con mejor infraestructura atraen la mayor parte de la inversión. Definir el turismo como la vocación “natural” del sureste mexicano es una visión reduccionista que ignora su potencial industrial y tecnológico. Corea del Sur, en su momento, pudo haber optado por un modelo similar y permanecer como productor de arroz. En cambio, apostó por la innovación y el desarrollo tecnológico, convirtiéndose en un líder global. Insistir en limitar al sureste al turismo equivale a hipotecar su transformación económica y social.

La competencia entre estados por atraer IED también genera una “carrera hacia el fondo”. Los gobiernos locales ofrecen incentivos fiscales excesivos que erosionan los beneficios del desarrollo industrial. En lugar de fortalecer las capacidades productivas locales, estas prácticas benefician principalmente a empresas extranjeras, sin garantizar la creación de valor agregado ni la transferencia tecnológica. Esta dinámica perpetúa las desigualdades entre regiones, favoreciendo a los estados más desarrollados y dejando atrás a los rezagados.

La transferencia tecnológica es otro desafío crucial. La experiencia demuestra que la IED, por sí sola, no genera capacidades tecnológicas locales. Para revertir esto, es indispensable que las empresas extranjeras se asocien con firmas nacionales, tanto públicas como privadas, mediante joint ventures diseñadas para compartir beneficios y construir capacidades internas. Sin estos mecanismos, el conocimiento y la tecnología permanecerán encapsulados en las multinacionales, relegando a México al papel de ensamblador pasivo.

Actualmente, las multinacionales suelen limitar la capacitación a tareas específicas, sin compartir el conocimiento integral de los procesos productivos. Esto perpetúa la dependencia tecnológica. Las joint ventures podrían transformar esta situación, integrando a las empresas nacionales en procesos productivos y de innovación. La experiencia de China, que condicionó la entrada de inversión extranjera a la creación de asociaciones estratégicas, es un modelo que México debería considerar.

Aunque el plan menciona la sostenibilidad como uno de sus pilares, carece de detalles sobre su implementación. Sin incentivos claros ni regulaciones estrictas, las empresas podrían limitarse a cumplir con los estándares mínimos ambientales, dejando de lado iniciativas como la economía circular, las energías limpias o la innovación en procesos sostenibles. Integrar estos principios no es opcional, sino fundamental para garantizar un desarrollo responsable y competitivo en el largo plazo.

El riesgo de que el “Plan México” consolide un modelo maquilador es real. Para evitar este escenario, es crucial reformular el plan profundamente. Primero, se debe establecer un marco nacional que regule la competencia entre estados, evitando incentivos fiscales excesivos que erosionen los beneficios del desarrollo industrial. Además, deben incluirse cláusulas obligatorias para la creación de joint ventures, garantizando que las empresas extranjeras colaboren con actores nacionales en investigación, desarrollo y producción. Estas asociaciones deben fortalecer capacidades tecnológicas locales y fomentar productos de mayor valor agregado.

La educación y la capacitación también son claves. Es indispensable implementar programas educativos que ofrezcan formación integral en procesos productivos y estrategias para reconvertir las vocaciones económicas de las regiones rezagadas. Priorizar la creación de clústeres de innovación y sostenibilidad, junto con incentivos fiscales bien diseñados, podría garantizar un desarrollo más equilibrado y reducir las brechas económicas y sociales.

El “Plan México” tiene el potencial de posicionar al país como un actor relevante en las cadenas globales de valor. Sin embargo, su éxito dependerá de su capacidad para adoptar un enfoque integral y equitativo, basado en joint ventures que impulsen la autonomía tecnológica y la sostenibilidad. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una oportunidad desperdiciada, atrapando a México en un modelo económico dependiente y limitado.

*Director del CIDE