De acuerdo con datos oficiales, en 2023 había 770 mil personas en situación de calle en Estados Unidos, un incremento de 18 por ciento con respecto al año previo y la cifra más alta desde que comenzó a llevarse el registro en 2007. El gobierno federal identifica como principales causas los altos precios de los alquileres, el estancamiento salarial, el final de las medidas de protección a sectores vulnerables implementadas durante la pandemia y, ante todo, la llegada masiva de extranjeros en busca de asilo. Aunque la encuesta sobre indigencia no pregunta por el estatus migratorio de los afectados, el hecho de que las familias y los niños sean los grupos entre los que más aumentó la situación de calle (39 y 33 por ciento, respectivamente) es indicativo de la importancia de dicho factor.

En Estados Unidos, como en la mayor parte de los países occidentales u occidentalizados –caso de América Latina–, los precios de la vivienda han experimentado un crecimiento acelerado, al mismo tiempo que los salarios permanecen congelados o incluso retroceden en términos reales. Aunque el sector privado y analistas de derecha culpan a las regulaciones gubernamentales y caracterizan la crisis como un problema de oferta, multitud de datos apuntan en otra dirección: el fin de la vivienda como derecho social y su conversión en un activo especulativo para los inversores bajo el neoliberalismo. En todas las grandes ciudades se puede constatar la existencia de viviendas vacías, las cuales fueron diseñadas para nutrir el mercado de la especulación inmobiliaria y no para satisfacer las necesidades de los habitantes. Asimismo, las constructoras han abandonado la edificación de viviendas asequibles para centrarse en el sector de lujo, que deja mayores márgenes de ganancia.

Para el caso de Estados Unidos, un estudio desmontó el mito del déficit de construcción, probando que entre el año 2000 y el 2020 se construyeron 3 millones 300 mil unidades más que los nuevos hogares formados, por lo que no sólo no faltan, sino que sobran viviendas. El problema es que los trabajadores simplemente no pueden pagarlas. En todas partes se ha incrementado el índice de esfuerzo inmobiliario, es decir, el número de años de sueldo bruto íntegro que un empleado cualificado medio necesita destinar a la compra de una vivienda de tipo medio, y los ingresos medios son cada vez menos representativos debido a la concentración de la riqueza.

La inasequibilidad de la vivienda tiene un impacto que va más allá de la situación habitacional. Históricamente, las clases medias han tenido en el inmueble que habitan su activo financiero más valioso, el cual es la base de su patrimonio y permite la transmisión de su estatus a sus descendientes, a través de la herencia. Eso parece haberse acabado: en España se encontró que entre 2005 y 2020, las personas menores de 35 años sufrieron una caída de 93.7 por ciento en su riqueza neta mediana, debido a que cada vez menos jóvenes poseen una vivienda: en 2011 lo hacía 69 por ciento de los integrantes de este grupo etario, mientras para 2017 ya era apenas 41 por ciento. Desde entonces, estas cifras sólo pueden haber empeorado debido a las alzas históricas de los precios inmobiliarios.

Los estadunidenses son reticentes a aceptar este tipo de datos, pero su propia experiencia muestra que el mercado es incapaz de solucionar un problema creado por el mercado mismo, por lo que el alivio a la crisis de indigencia sólo puede provenir de los sectores público y social: el único segmento de población entre el que se redujo la falta de hogar en la superpotencia fueron los veteranos, quienes reciben apoyos gubernamentales extraordinarios, gracias a que cuentan con la simpatía tanto de los demócratas como de los republicanos. En California, donde hay una amplia política de apoyos sociales, el número de personas sin hogar sólo subió 3 por ciento frente a 18 por ciento nacional, lo que prueba la necesidad de políticas públicas en el combate a este fenómeno inaceptable en cualquier lugar y especialmente vergonzoso en el país más rico del planeta.