El 2024 está por llegar a su fin y, con él, 2025 ya se asoma cargado de numerosos desafíos derivados de los precarios equilibrios que sostienen nuestro orden global. Pero también, tanto a nivel nacional como internacional, con el próximo año llegan nuevas oportunidades políticas, económicas, sociales y ambientales, que requerirán priorizar adecuadamente nuestras apuestas y esfuerzos para encarar con éxito las principales problemáticas y tensiones con las que cierra el año que termina
Las urgencias y desafíos son muchos, pero, con el fin de ordenar aquellos que lucen más apremiantes, enunciamos enseguida una suerte de agenda mínima de indispensable atención, tanto por la sociedad civil, como por los gobiernos.
Como primer tema, se impone priorizar la crisis del cambio climático que nos exige apostar seriamente por el cuidado de nuestra casa común. Según distintas organizaciones meteorológicas internacionales, el año que está por terminar será el primero de la historia en superar una temperatura anual de 1.5° C por encima del promedio histórico preindustrial. La barrera del calentamiento de dicha cifra ha sido fijada como límite máximo permitido por Naciones Unidas para detener y mitigar los efectos de un cambio climático provocado por la actividad humana. Por ello, gobiernos y comunidad internacional en conjunto deberán refrendar sus apuestas por transitar hacia energías y modos de producción más sustentables y cambiar de hábitos, si de verdad desean detener este fenómeno.
El segundo tema obligado es la urgente atención de la violencia que persiste en el mundo entero y particularmente en nuestra región. Síntoma de un orden en crisis, la violencia se ha reproducido en distintos contextos como signo del desmantelamiento del entramado institucional de diálogo en todo el mundo. Primero con la invasión de Rusia a Ucrania, y luego con la devastación provocada por Israel en Palestina, el orden geopolítico y económico global se ha vuelto a polarizar y a reconfigurarse a través de la violencia armada, vulnerando a millones de personas inocentes a causa de su nacionalidad o credo.
En México, los acentos de la violencia son distintos, pero igualmente preocupantes. Cerramos el año con las escenas de Sinaloa, Chiapas o Tabasco recordándonos la magnitud de la macrocriminalidad en el país, cuyos efectos no han podido ser atenuados por las estrategias militaristas propuestas por los últimos gobiernos. Este 2024 cierra como el peor año en términos de violencia política con 617 casos documentados por Data Cívica, y mantiene constantes los niveles de violencia homicida, siendo que, hasta el mes de octubre, todos los meses superaron 2 mil homicidios cometidos. Es urgente que el gobierno de Claudia Sheinbaum aporte una perspectiva distinta para construir bases para la pacificación del país desde énfasis comunitarios, ciudadanos e institucionales, indispensables en el actual contexto.
A propósito del marco institucional nacional, hoy México atraviesa por un panorama político complejo que ha mermado los equilibrios democráticos y las capacidades institucionales tan indispensables para la gestión del conflicto social y para una atención integral de las víctimas. La puesta en marcha de las reformas a la Guardia Nacional, el Poder Judicial o la prisión preventiva oficiosa han provocado un clima de polarización e incertidumbre que merece ser tomado con cautela. Frente a las reformas aprobadas y la construcción de una super mayoría parlamentaria que amenaza con debilitar aún más los contrapesos institucionales, es menester que la sociedad civil mantenga una atención activa sobre el proceso de implementación de dichas reformas, supervisando y exigiendo la correcta actuación de las autoridades; es decir, que no conduzcan su actuar en función de intereses partidistas, sino en garantía y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático en nuestro país. Será también obligación del gobierno de Claudia Sheinbaum asumir la responsabilidad de cuidar las implicaciones sociales, políticas y económicas que los cambios legislativos generen al interior y el exterior.
Además, la asunción del gobierno de los Estados Unidos de América por Donald Trump ha generado ya tensiones que complejizan el entorno de la relación bilateral. A nivel global, la migración –que cada vez más adquiere rasgos de desplazamiento forzado– no sólo se ha intensificado, sino que se ha vuelto objeto de discursos políticos discriminatorios que anuncian medidas prohibicionistas; discursos que, por cierto, han tenido un gran éxito electoral en la actual ola de retorno de las ultraderechas en todo el mundo. Habrá que ir discerniendo qué tanto de lo dicho por Donald Trump constituye un mero discurso legitimador, y qué tanto es verdadero anuncio de una medida inminente. Frente a este panorama, lo cierto, es que 2025 será un año de definiciones en la relación MéxicoEstados Unidos que tendrá numerosas implicaciones económicas, políticas y migratorias para nuestro país.
En suma, el cierre del 2024 hereda al 2025 una cargada agenda de asuntos por atender. A nivel global nos encontramos en un contexto de crisis, en el que urge el impulso de cambios de gran escala, pero las alternativas con las que contamos son escasas. Ante esta realidad marcada por la tensión y la incertidumbres, se acentúa la importancia de la vigilancia de la ciudadanía sobre el actuar de los gobiernos y en defensa de los precarios equilibrios que mantienen a flote nuestras garantías democráticas y económicas; visto en clave de oportunidad, esta coyuntura significa la posibilidad de ensayar caminos para promover nuevos y urgentes modos de entendernos y vivirnos como sociedad y como ciudadanía, que pongan en el centro el cuidado, la reconciliación, la apertura de canales de diálogo, el fortalecimiento democrático, los derechos humanos y la dignidad.
