No existen los gobiernos perfectos. Tampoco existe la verdad completa. La pretensión de ser lo primero y de cumplir con lo segundo es vana y, finalmente, contraproducente. Eso es lo que delinea la actividad en el entorno público; es marca de toda experiencia política.
A escasos tres meses del gobierno de la presidenta Sheinbaum se destapa un gran fraude en el Infonavit. Según lo describió el nuevo director del instituto, una red de corrupción propició la venta múltiple de viviendas que afectó a miles de trabajadores en 21 entidades federativas. Dijo: “Se detectaron 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas, lo que significa que éstas se vendieron hasta cuatro veces por año cada una”. Se cobraba a los trabajadores “hasta 40 por ciento de sus ahorros, por lo que se calcula que el fraude asciende a mil millones de pesos”. Denunció que la Comisión de Vigilancia y el Comité de Auditoría no hicieron nada. La comisión debe vigilar que los órganos del instituto actúen conforme a la normatividad aplicable y con apego –aquí contrario sensu– al Código de Ética del instituto. El comité propone lineamientos de control interno, aprueba manuales de operación y supervisa la auditoría externa, lo que evidentemente no hacía. Ambos son órganos tripartitos desde que se fundó el instituto, en 1972, lo que significa una representación equitativa y una responsabilidad conjunta del gobierno, los sindicatos de trabajadores y el sector empresarial (Concamin, Concanaco y Coparmex). ¿Y nadie sabía nada? Tal cosa es impensable y difícil de creer.
Ahora es el nuevo gobierno el que destapa el fraude, cuando durante todo el sexenio anterior se insistía en el combate a la corrupción y llegó a afirmarse que tal cosa ya no existía en el país. Ventilar hoy esta cuestión es destacable. El asunto es si cambiar la ley, como ahora se propone, asegurará por sí mismo prevenir los fraudes e instaurar buenas prácticas. En el caso de Segalmex, que se reconoció como un caso de corrupción, las pautas de la estafa y las responsabilidades de los funcionarios involucrados no se han aclarado suficientemente.
Otro asunto que debe ponerse de relieve es el relacionado con la enorme escala de la inseguridad pública y la violencia que existe en el país. El gobierno, según parece, ha empezado a reconocer de modo más abierto la naturaleza y escala de la situación y a modificar las pautas que prevalecieron en el sexenio anterior y su insuficiencia. Así lo apunta cuando menos la actividad del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Por su parte, la Secretaría de Gobernación ha definido 10 municipios prioritarios para seguir la incidencia de los programas sociales sobre la inseguridad. Parece un paso demasiado tímido para el tamaño del conflicto y del país, pero tal vez muestre, tardíamente sin duda, que la manera de enfrentar el problema tiene que ser cuestionada radicalmente. Habrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno y cuál es la capacidad real de contención. Por ahora esto es una incógnita.
La relación con el próximo gobierno en Estados Unidos es un factor que repercute de modo relevante sobre la gestión interna en materia de seguridad. Ya lo ha planteado Trump explícitamente y pronto se verá cuál es el plan al respecto. La relación bilateral es multiforme, como se sabe: está asociada íntimamente con el asunto del fentanilo y la violencia relacionada con las drogas; se extiende a las cuestiones relacionadas con la migración, el comercio y las inversiones.
México juega el juego de Estados Unidos; ésta es la condición que fija el entorno geopolítico del país en una etapa que marca ya redefiniciones significativas a escala mundial y anticipa otras más de índole radical. La situación contrasta de modo significativo con el caso de Brasil y la manera en la que se mueve en el entorno global con un protagonismo muy visible. El anterior gobierno en México acrecentó de facto el aislamiento y, en cierta medida, arrinconó al país en una suerte de provincianismo injustificado. La presidenta acudió a la Cumbre del G-20, precisamente en Brasil en noviembre pasado, con otra disposición en principio frente a la diplomacia y las relaciones internacionales. Es apenas un guiño.
El gobierno se ha planteado de modo explícito como la continuación del proceso iniciado en 2018 y que se autodefinió como la Cuarta Transformación. La expresión de la hoy Presidenta ha sido clara: su gobierno sería el segundo piso de la 4T. Pero en el acelerado proceso de transformación interno que se ha impuesto y las cuestiones que están en marcha hay situaciones que exigen revisión, ajustes y, también, nuevas maneras de enfrentar las tareas del gobierno. El proceso social es dinámico y no depende sólo de lo que el gobierno y el enrevesado partido Morena decidan imponer. La situación interna y el ambiente internacional así lo exigen.
