Los segundos mayores financiadores de la campaña presidencial de Donald Trump, Liz y Dick Uihlein, usaron a trabajadores mexicanos en los almacenes de Wisconsin y Pensilvania de su empresa Uline a sabiendas de que no contaban con documentos que les permitieran laborar en Estados Unidos. De acuerdo con una investigación periodística, los multimillonarios urdieron un esquema de simulación en el que pretendieron que las personas con visas para capacitación y turismo recibirían entrenamiento en un programa denominado apoyo de transbordador, con lo cual violaron tanto las leyes migratorias como las laborales, pues evadieron requisitos de contratación de personal como las pruebas antidopaje. Asimismo, abusaron de los extranjeros al pagarles menos que a sus pares estadunidenses por realizar tareas equivalentes.

El reportaje exhibe la hipocresía del magnate y de quienes utilizaron su dinero para regresarlo al poder, pues, al mismo tiempo que seducen a las bases electorales con un discurso cargado de chovinismo, nativismo, xenofobia, racismo y otras formas de odio típicas de los fascismos, se benefician con la mano de obra de los migrantes a los que llaman animales, no humanos e incluso acusan de contaminar la sangre de los estadunidenses, una expresión nazi que habría llevado a la inhabilitación de un candidato en cualquier democracia merecedora de tal nombre. El fariseísmo de estos ultrarricos es más notorio si se considera que Uline tuvo un aumento de 25 por ciento en sus ingresos anuales durante el periodo en que empleó a migrantes indocumentados. Ante esta exhibición de hipocresía, debe remarcarse que atizar el odio racial es injustificable, pero resulta sencillamente perverso hacerlo como un eslogan electorero, a sabiendas de que los grupos discriminados son esenciales en el funcionamiento de la economía.

Los Uihlein no son los únicos oligarcas trumpistas que despliegan un doble rasero en el tema migratorio. Otro de sus principales financiadores, Elon Musk, comenzó su actividad empresarial en Estados Unidos cuando se encontraba en el país con una visa de estudiante, lo cual es ilegal. La diferencia entre los criterios que el hombre más rico del mundo y mayor vocero de la ultraderecha global se aplica a sí mismo y los que impone a latinoamericanos o africanos refuerza la percepción de que los adeptos a esa ideología no odian a los migrantes en situación irregular por su estatus legal, sino por el color de su piel.

Está probado entonces que Estados Unidos no puede prescindir de la mano de obra migrante, y el daño que se autoinfligiría, si el magnate cumple su amenaza de emprender una deportación generalizada aumentaría con la medida que eligió para presionar a sus vecinos para que frenen los flujos humanos. La oficina de presupuesto del Congreso presentó a los senadores un reporte sobre el efecto de los aranceles propuestos por Trump en tres rubros: el presupuesto, la economía, y la distribución de la riqueza. Según el estudio, si se aplicara una tarifa de 60 por ciento a todas las importaciones procedentes de China y de 10 por ciento a las del resto del mundo, habría una disminución del déficit presupuestal por el aumento de los ingresos federales –pero se reduciría el poder adquisitivo de los consumidores y empresas–, provocaría una disminución de 0.6 por ciento en el producto interno bruto real, el ingreso real medio se encogería, y aumentaría la incertidumbre de las empresas sobre los futuros obstáculos al comercio, con una consecuente reducción en el rendimiento de las nuevas inversiones.

En conclusión, la evidencia indica que la promesa de hacer a Estados Unidos grande de nuevo requiere de más, no de menos, migrantes, así como de más y no menos comercio equitativo con sus socios del T-MEC. Cabe desear que Trump y sus seguidores se den cuenta de esta verdad antes de acometer una cacería humana lesiva para sus víctimas y para sí mismos.