El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) publicó recientemente el libro Tren Maya, Tsíimin K’áak, por las vías de la transformación, (2024, 343 pp.), coordinado por su director general, antropólogo Diego Prieto, quien escribe la introducción, y en el que reúne 17 participaciones que refieren aspectos de este emblemático megaproyecto iniciado en la pasada administración, a concluir durante la actual.
Este libro fue presentado por las autoridades del instituto en la FIL de Guadalajara, como novedad editorial, en la que se especificó que: “incorpora la voz de las dependencias de gobierno, empresas y actores vinculados con la obra”.
(https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/libro%3A1051).
Efectivamente, y como un hecho inusual en las publicaciones del INAH, destacan los textos de autores adscritos a los consorcios empresariales que estuvieron a cargo de la construcción del Tren Maya, como Mota-Engil Latinoamérica, Grupos Carso, Azvi, Indi/ICA, Ignitia Desarrollos y Alstom México, y la notable participación de la Secretaría de la Defensa Nacional –instancia de coordinación del Tren–, aunque en este caso, la autoría de los capítulos no se personaliza.
Se inicia con una suerte de presentación del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, y textos de directivos de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hacienda y Crédito Público, de tal forma que sólo tres de los 17 capítulos fueron escritos por funcionarios del INAH.
Así, el carácter apologético de Por las vías de la transformación campea el conjunto de los textos. El Tren Maya es presentado como un proyecto que propugna un “desarrollo sustentable, equilibrado y justo, que sembrará el crecimiento y cosechará bienestar para la gente del sureste, un detonador del progreso”, del turismo de masas, y de comunicación con Centroamérica y con el Canal Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; en suma, lo que hace un tiempo fue conocido como el Plan Puebla-Panamá.
Son identificados “grupos de vocación conservadora”, opositores al gobierno de la Cuarta Transformación, que han bombardeado por todos los medios la obra del Tren Maya, por considerarlo “políticamente rentable”, y aliándose a “supuestos ambientalistas” y grupos mediáticos, que emprendieron una “campaña de desinformación y calumnias contra el proyecto”.
Si empresarios, militares y altos funcionarios pueden expresar libremente lo que piensan sobre su propio desempeño, como jueces y partes de la controvertida obra del Tren Maya, e incluso desplegar sus sorprendentes y especializados conocimientos sobre arqueología y antropología social, hace unas semanas comparecimos como testigos de descargo, frente a la demanda y el levantamiento de actas administrativas contra el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, por atreverse a plantear en redes sociales sus fundadas críticas sobre la destrucción del patrimonio cultural durante el salvamento arqueológico del Tren Maya. Sus detractores implementan una queja en el Órgano Interno de Control del Instituto, buscando su cese y violentando su derecho a la libre manifestación de las ideas.
Obviamente, no se mencionan en la obra en comento, libros, documentos y artículos científicos y de difusión, muchos escritos por investigadores del INAH, como la compilación coordinada por Giovanna Gasparello y Violeta Núñez Rodríguez, Pueblos y territorios frente al Tren Maya, escenarios sociales, económicos y culturales, que, en este caso, publicó el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica del Instituto, en el año 2021, y en el que en su calidad de integrantes de un “espacio colectivo de análisis que se tejió en un diálogo continuo con organizaciones de base y de la sociedad civil”, se plantearon en su volumen interrogantes de urgente solución, y que incumben a los autores del libro examinado: “¿Quiénes serán los beneficiarios del ‘desarrollo’ económico que promete el discurso oficial sobre el Tren Maya?
¿Cuál es el costo social de la turistificación de territorios y culturas, y su mercantilización en beneficio de quienes pueden comprar su remanso de ocio y esparcimiento? ¿Cuáles consecuencias tendrá el nuevo ‘ordenamiento territorial’ para el sistema de propiedad social vigente en el sureste mexicano y para las territorialidades comunitarias, indígenas y campesinas? Frente al incremento de múltiples violencias en las urbes hiperturísticas del Caribe mexicano, ¿es oportuno proyectar nuevos centros urbanos con vocación turística? ¿Cuál es la valoración otorgada al patrimonio histórico y arqueológico, y a la población que históricamente lo ha cuidado, por la racionalidad del desarrollo turístico?”
Estos interrogantes no son contestados por los empresarios. militares y funcionarios, autores de Por las vías de la transformación, aunque siguen tan vigentes como el derecho a disentir
