El día anterior, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, denunció en esa misma tribuna varios esquemas de defraudación usados por empleados del organismo, notarios, despachos, integrantes del Poder Judicial, empresas y peritos valuadores para desfalcar miles de millones de pesos al erario y a los derechohabientes.

Por mencionar sólo tres de estas tramas, en 21 estados se detectaron mil 400 viviendas que fueron vendidas al menos cuatro veces, una operación obviamente delictiva en la que estuvieron involucrados mil 200 millones de pesos extraídos a 12 mil trabajadores a quienes se les cobró hasta 40 por ciento de sus ahorros para vivienda. Sólo en el estado de México, 496 casas se vendieron 4 mil 130 veces. Por otra parte, se realizó una triangulación de recursos para otorgar una indemnización por 5 mil millones de pesos a Telra Realty por haberle cancelado un contrato de apenas 100 millones; es decir, se le resarció 50 veces la pérdida que pudo haber experimentado.

Este caso fue tan escandaloso que dos socios de la empresa devolvieron 2 mil millones de pesos, pero los otros tres no tuvieron empacho en embolsarse el botín de su atraco. Entre 2013 y 2015, cuatro despachos plenamente identificados para recuperar viviendas por la vía judicial recibieron más de 3 mil 800 millones de pesos por entablar juicios fraudulentos en contra de 60 mil derechohabientes, en contubernio con funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit.

Estos robos y la impunidad que hasta ahora los acompaña han sido posibles debido a la anómala estructura administrativa del Infonavit, en la que el director general está excluido de las decisiones ejecutivas al no formar parte ni de la asamblea general ni del consejo de administración. Quienes controlan esos órganos son los representantes patronales y sindicales, quienes ostentan direcciones facultadas para bloquear las disposiciones del director general e impedir cualquier fiscalización externa del manejo de los recursos. Así, desde que en el sexenio pasado se presentaron denuncias por las irregularidades encontradas, los sectores patronal y sindical obligaron al dirigente del instituto a desistirse y hasta a presentar un amparo para frenar las indagatorias sobre sus tropelías.

Como si no fuera suficiente con los desfalcos multimillonarios, los representantes de las cúpulas empresariales y del sindicalismo charro cobran a la nación el doble de lo que gana la presidenta Claudia Sheinbaum, con una bonificación de entre 60 y 90 mil pesos cada vez que asisten a una sesión del consejo de administración, de la asamblea general o de otras instancias internas.

La reforma a la Ley del Infonavit impulsada por el gobierno federal busca justamente poner fin a una situación en que el instituto se ve imposibilitado para cumplir su razón de ser –el acceso a la vivienda entre las clases trabajadoras– por culpa de la voracidad de las mafias que lo mantienen secuestrado para su lucro privado. Con los cambios planteados, se conservará la integración tripartita paritaria en su asamblea general con 10 representantes del gobierno, 10 de la patronal y el mismo número de los sindicatos, pero sin el absurdo de que dos de esos sectores anulen a quien representa la voluntad popular decidida en las urnas para defender el bienestar de todos. A estos cambios sólo pueden oponerse quienes se ven beneficiados por la red de corrupción que carcome al organismo, y exigir que la reforma se someta a un parlamento abierto es tan absurdo como poner a consulta si los ladrones deben ser judicializados o no.

La preocupación de políticos opositores y de la comentocracia a su servicio no debería ser que la actual administración limpie la inmundicia que crearon, sino explicar a los ciudadanos por qué durante las décadas que estuvieron en el poder o le sirvieron, no movieron un dedo para acabar con la corrupción y la impunidad.