Las reformas a las leyes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pretenden erradicar la corrupción que se dio en el organismo en administraciones anteriores a la Cuarta Transformación, aseveró su director, Octavio Romero Oropeza.

Tras explicar, en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el alcance de esas modificaciones, el funcionario detalló que el organismo cuenta con un esquema de dirección tripartita –representación gubernamental, empresarial y de los trabajadores– en el que los dos últimos han favorecido prácticas de corrupción, obstaculizando investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y evitado posibles sanciones.

Respecto a estos señalamientos, se preguntó a la mandataria federal si habría responsabilidad de ex directores del instituto, a lo que respondió: el tema que se está planteando aquí, más allá de las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la ASF audite los fondos. Y acentuó que se presentarán las denuncias correspondientes.

La jefa del Ejecutivo denunció que los representantes del los rubros empresarial y de trabajadores en la dirección del Infonavit obligaron al ex director del organismo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Carlos Martínez, a ampararse contra las resoluciones de la ASF.

En tanto, durante su exposición, el director general del Infonavit mencionó que los titulares de las direcciones de los ámbitos empresarial y de trabajadores perciben un ingreso por ese encargo superior al de la Presidenta de la República.

Bajo el actual esquema, agregó, la dirección general del instituto no tiene peso en las decisiones ejecutivas, pues no forma parte ni de la asamblea general ni del consejo de administración; en cambio, quienes representan a la patronal y a los trabajadores sí cuentan con prerrogativas e incluso percepciones económicas en esos espacios directivos.

Romero Oropeza describió que el representante de los trabajadores tiene un ingreso mensual de 271 mil pesos, y el empresarial 262 mil; mientras la mandataria federal gana alrededor de 140 mil pesos al mes.

Aunado a ello, señaló el funcionario, los representantes de la patronal y de los trabajadores cobran entre 60 y 90 mil pesos extras por cada sesión del consejo de administración, de la asamblea general o de otras instancias internas.

Es de señalar que diversas voces –entre ellas representantes patronales y de trabajadores, al igual que opositores– se han manifestado en contra de las reformas bajo el argumento que se afectaría el fondo de ahorro de los trabajadores y se terminaría con el esquema tripartita.

Contra ello, el director del Infonavit apuntó: esta reforma a la ley va a permitir mayores controles y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores.

Con la reforma, aseguró, no sólo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que se permitirá, como hoy no sucede, la fiscalización por parte de la ASF.

La Presidenta remarcó, por su parte, que el objetivo de las reformas a la Ley del Infonavit es erradicar la corrupción; que sea transparente el uso de los recursos de los trabajadores, que son sus fondos de ahorro lo que permite que puedan tener vivienda, y generar un esquema en el que también participen desarrolladores privados, para hacer vivienda social, que es el objetivo central del Infonavit.

Anunció que en breve se presentarán las denuncias penales correspondientes contra quienes resulten responsables de la corrupción en el instituto, donde se ha detectado estarían involucrados integrantes del cuerpo directivo, trabajadores del organismo, notarios públicos y otros actores para la venta de la misma vivienda a varias personas, por ejemplo.

Sí, hay denuncias y se van a presentar, independientemente de lo que mas adelante se encuentre, remarcó la Presidenta.