Zumpango. Méx. En el estado de México existen más de 150 mil viviendas de interés social abandonadas por diversos motivos, principalmente en los municipios aledaños al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde no hay servicios básicos adecuados, la infraestructura de los desarrollos habitacionales no fue terminada y no cuentan con vialidades suficientes; además, persiste la delincuencia e invasiones a esos predios.

Las miles de casas se ubican en los municipios de Zumpango, Huehuetoca, Tecámac, Ecatepec y Nextlalpan. Durante tres sexenios se quedaron abandonadas y son las que ahora pretenden recuperar instancias gubernamentales como parte de la política de vivienda del gobierno federal.

Actualmente, el gobierno de México levanta un censo a detalle con el fin de conocer el número exacto de predios y el mecanismo por el cual fueron financiados.

En los últimos 25 años, en la entidad los gobiernos estatales, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, autorizaron, al publicarse en la Gaceta de Gobierno, la edificación de 791 mil 508 viviendas para 491 nuevos fraccionamientos.

Durante estos años, los proyectos se concentraron en Tecámac, Zumpango, Huehuetoca, Chalco, Toluca, Ixtapaluca y Ecatepec, incluso antes de la edificación del AIFA.

El boom inmobiliario, con mayor número de autorizaciones, se detonó en los sexenios de los priístas Arturo Montiel Rojas (1999-2005) y Enrique Peña Nieto (2005-2011). El año con más permisos fue 2004, cuando se aprobó la construcción de 99 mil 11 moradas para 45 fraccionamientos.

En tanto, por la cifra de apartamentos, en 2005 se aprobó edificar 79 mil 279 para 32 desarrollos habitacionales; en 2003, 71 mil 592 en 37 fraccionamientos, y en 2006, se autorizaron 69 mil 98 para 38 unidades.

Sin embargo, el desarrollo inmobiliario no se consolidó a la par de los servicios públicos debido a que las empresas constructoras no cumplieron con el equipamiento prometido en sus ofertas de vivienda, como escuelas, vialidades, mercados, servicios médicos, transporte, entre otros.

La mayoría de esos proyectos los erigieron alejados de las zonas urbanas en donde antes habían sido tierras para sembradíos o ganado.

Ante la deficiente infraestructura, sus moradores empezaron a dejar los conjuntos urbanos en busca de mejores condiciones.

Un ejemplo de abandono es la unidad habitacional La Trinidad, localizada en Zumpango; otros casos están en Huehuetoca y Tecámac, donde cientos de domicilios están deshabitados y como consecuencia fueron vandalizados o invadidos por particulares y grupos criminales.

Casas Geo, Beta, Urbi, Alteq Construcciones, Ara e Inmobiliaria Came, entre otras, fueron las principales empresas beneficiadas con dichos proyectos; aunque varias de ellas quebraron por la creciente cartera vencida, aumento de costos de las obras e incluso por crisis financieras.

Cinturones de miseria

Conjuntos urbanos como La Trinidad también dieron paso a la ubicación de cinturones de pobreza. Tan sólo en este fraccionamiento se levantaron más de 8 mil casas; pero muchas de ellas permanecen abandonadas. Aunado a los rezagos sociales y la falta de agua potable, por ejemplo.

En el fraccionamiento Bosques de Tecámac, en el municipio del mismo nombre, también hay una gran cifra de residencias solas y vandalizadas por la falta de interés para habitarlos o porque sus dueños dejaron de pagar los créditos con los que las obtuvieron.

Esos inmuebles tienen el riesgo de ser invadidos, como ocurre en las cerradas de Brasil, Nórdicos, India o Canadá.

En el Programa Nacional de Vivienda 2020-2024, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) firmaron un convenio marco de colaboración para recuperar 171 mil hogares en condición de abandono en el país, para rehabilitarlos e implementar acciones de regeneración urbana en los polígonos con mayor incidencia de esta problemática social.

El programa Regeneración Comunitaria Infonavit tiene como fin reinsertar en el mercado secundario viviendas adjudicadas al instituto, concentradas en los municipios con más altos índices de predios irregulares, como casas deshabitadas, abandonadas, vandalizadas u ocupadas por un tercero sin el consentimiento de su legítimo propietario; además, en condiciones de rezago urbano, social y condiciones precarias de habitabilidad.