Buenos Aires. El gobierno del presidente, Javier Milei, autorizó este jueves mediante decreto el despliegue de las fuerzas armadas para actuar en política interior ante posibles “ataques o destrucción de espacios de vital importancia para el Estado”, estableciendo la posibilidad de una intervención militar para defender “objetivos de valor estratégico” y amenazas terroristas .

Estos indefinidos “objetivos de valor estratégico de seguridad” son los argumentos para la solicitud de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa Luis Pietri, de la intervención de las fuerzas armadas cuando haya “amenazas y agresiones”, actuación de “fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional”.

También en períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de “conmoción interior”, y amenazas de “terrorismo internacional”. El decreto se refiere a los ataques contra “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional que pueden ser parcialmente afectados o destruidos, afectando el bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia Seguridad de la Nación”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que "desde hoy el presidente puede decidir la intervención de las fuerzas frmadas en un conflicto o problema de seguridad interior", por lo tanto "puede militarizar la protección de los aeropuertos y puertos, Plaza de Mayo o la Capital federal (como centro político y económico del país)".

Destacó que "el gobierno avanzó en una reforma de fondo por decreto, que evita el Congreso y las discusiones políticas” modificando las leyes de defensa y de seguridad interior, en "un nuevo intento por redefinir el rol de las fuerzas armadas en seguridad interior" y agregó que el decreto "implica en la práctica que Patricia Bullrich tendría no solo el control de seguridad sino también el de las fuerzas armadas (…)  ejemplo, si un grupo de trabajadores  despedidos de una central eléctrica decide movilizarse hasta ese lugar, el Poder Ejecutivo podría aplicar la polémica definición”.

El CELS indicó que para justificar esa medida, ambos funcionarios recurrieron al argumento de “amenazas terroristas” en ocasiones anteriores. El gobierno ha esgrimido supuestas amenazas acusando al peronismo de intentar un golpe de Estado por acompañar protestas populares en los útimos tiempos.

A su vez, los organismos de derechos humanos enviaron una carta abierta al presidente Milei, pidiendo la restitución de dos mil 400 trabajadores que perderán su fuente de trabajo a partir del 1 de enero en áreas del Ministerio de Justicia, lo que terminará por destruir la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación” e impactará "de manera brutal en los distintos programas y servicios vinculados con la defensa de los derechos humanos y las políticas de memoria y justicia”. Entre las numerosas firmas figuran las de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo,  y otros.

Montoneros, en la mira de la justicia

Por otra parte, sorpresivamente la Sala I de la Cámara Federal decidió llamar a indagatoria a Mario Firmenich, líder de la organización política militar Montoneros por una bomba que estalló el 2 de julio de 1976 en la Coordinación Federal, el área de Inteligencia del Departamento Central de la Policía Federal de la cual dependía un Centro Clandestino de Detención que funcionaba desde antes del golpe de Estado de marzo de 1976, cuando se instaló la más cruenta dictadura militar en la historia del país.

Los jueces consideran como “una grave violación a los derechos humanos y, por ende, no está prescripta”, resucitando la llamada teoría de los dos demonios” coincidiendo con el gobierno de Milei, que llama a una “reconciliación a nivel nacional.

Se aceptó como querellante  al ex policía federal Eduardo Emilio Kalinec, condenado a prisión perpetua por crímenes en el circuito de tres Centros Clandestinos de Detención. Pero en esta causa están también considerados los militantes que sobrevivieron al terrorismo de Estado, lo que es muy grave.

La causa se inició en agosto de 2003 como una reacción a la decisión del Congreso de anular las leyes que impedían el juzgamiento de los responsables de los crímenes perpetrados por la última dictadura. Esto no prosperó porque la jueza María Servini de Cubría sostuvo que no era un crimen de lesa humanidad y, por ende, había prescripto, lo que fue validado por la Corte Suprema en 2012.

En estos momentos el gobierno de Milei enfrenta una dura interna, no sólo con el ex presidente Mauricio Macri, de la derechista Propuesta Republicana, sino en abierto enfrentamiento del presidente con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que está en su momento más álgido.

Villarruel en sus redes sociales apuntó contra la ministra de Seguridad al señalar que ella “jamás habría autorizado a un gendarme a viajar a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieron” tomar, dando a entender que Patricia Bullrich es responsable de la detención bajo acusaciones de espionaje del gendarme Nahuel Agustín Gallo y lo que es más grave hizo público que fue autorizado. Esta situación se agrava cuando Caracas denunció un plan de infiltración del gobierno de Milei en la vida política de ese país.