Mexicali, BC. El juzgado de la Primera Instancia Penal de Mexicali declaró extinguida la acción penal por peculado y enriquecimienro ilícito contra José Carlos Jiménez Payán, ex director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California, encarcelado por un amparo.
En este largo litigio, el Poder Judicial del Estado ralentizó el litigio pues nunca mostró la intención de agotar el juicio y decidió esperar que por sí solo se extinguiera para no evidenciar las irregularidades con que actuó el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, señalaron abogados consultados.
A principios de 2010 se presentó una denuncia contra Payán Jiménez y cuatro de los directivos del Cecytebc y tres años después, en enero de 2013, el Ministerio Público giró una orden de aprehensión contra Jiménez Payán, quien estuvo preso 132 días hasta que fue encarcelado por un amparo que le brindó la protección de la justicia federal.
La auditoria financiera de la Contraloría del Estado que sustentó la denuncia penal -la cual estaba en proceso sin arrojar resultados- fue desechada por el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California que dejó sin sanción alguna a los involucrados e incluso ordenó su reinstalación.
Tras un litigio de tres lustros, este 17 de diciembre de 2024 el juez Gustavo Orozco Guillén determinó que la pretensión punitiva se extinguió al haber transcurrido 11 años y prescribieron los delitos invocados.
Por ende, ordenó cancelar la orden de aprehensión, conforme oficio 69/2013, y que se archivara como asunto concluido.
El Centro de Defensora Técnica en Derechos Humanos confirmó la sentencia judicial de Jiménez Payán y apuntó que presentará recurso de revisión para Mario Antonio Rivas Rangel, otro de sus defendidos, quien se encuentra en los mismos supuestos legales pero le fue negada la prescripción legal.
Este centro presentó el escrito inicial para estudio de prescripción de la acción punitiva del Estado en contra de los procesados, según la causa penal 127/2009-5.
Justicia Relentizada
En 2019, el Tribunal Contenciodo Administrativo de Baja California resolvió improcedente la sanción por peculado de 55 millones de pesos y enriquecimienro ilícito contra Jiménez Payán y cuatro exdirectivos del CECYTEBC, producto de una auditoria financiera de la Secretaría de Contraloría del Estado que propició la denuncia penal y que quedó sin efecto por la resolución de la máxima instancia en juicios administrativos.
Al no existir razón de mantener la acción penal en su contra, empezó el litigio para exigir a la administración de Frsncisco Vega de Lamadrid que se desistiera de la querella presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en 2010 y se reconociera su inocencia.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinó que "no existe certeza de la obligatoriedad de las funciones en materia de contratación, tampoco existen datos que expliquen el procedimiento para la adquisición de bienes o servicios por parte del Cecytebc en los años 2005 a 2009", según sentencia de pleno 221/2013.
Además de demostrar la inexistencia de elementos administrativos que sustentara la comisión de delitos, los procesados fueron absueltos en materia administrativa y se ordenó la reinstalación e indemnización de Mario Antonio Rivas.
También se solicitó a la PGJE, desde esa época, el sobreseimiento de la causa y la prescripción de acción penal, tal y como ocurrió una década después.
