Actualmente, hay 7.3 millones de derechohabientes —que ganan hasta dos salarios mínimos— que pueden acceder a un crédito a través del Infonavit, pero no encuentran vivienda acorde a sus capacidades económicas, pues no existen en el mercado, señaló el director general del instituto, Octavio Romero Oropeza.
Esto, dijo, debido a que en la última década se ha dado un déficit en la construcción de vivienda social destinada a los trabajadores con menores ingresos, ya que la de interés social debe tener un costo promedio de 550 mil pesos.
Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al presentar una síntesis de las reformas propuestas por la titular del Ejecutivo para transformar el instituto, el funcionario indicó que hasta agosto de este año se había construido apenas 81 mil viviendas totales para interés social.
Recordó que el Infonavit se creó en 1972 para garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores, y por 15 años operó con normalidad su función primordial, que era dar crédito barato a los derechohabientes.
“Pero a partir de 1987 y hasta el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera inexplicable se entregaron créditos cuya característica fue que a pesar que los derechohabientes realizaban sus pagos correspondientes, lejos de bajar, subían los créditos, esto los convertía en créditos impagables eso provocó que al día de hoy la cartera del Infonavit, que consta de 6.2 millones de créditos, tenga 4 millones en condición de impagables”.
Romero aseveró que en la pasada administración se instrumentaron medidas en beneficio de la derechohabiencia del Infonavit, las cuales derivaron en el cambio de modelo de créditos impagables y el establecimiento de políticas que prohibían el desalojo de familias. Esquema que, dijo, se sigue en el gobierno de Sheinbaum.
Agregó que el incremento al salario mínimo y a la generación de empleos en los últimos años, “jugaron a favor de los trabajadores, pues recursos del fondo de vivienda aumentaron más de cinco veces, al pasar de 140 mil millones en 2018 a cerca de 800 mil millones al cierre de gobierno pasado”.
Parte de la reforma al instituto, planteó, contempla un sistema de vivienda con orientación social que se amplía en tres vertientes:
Crédito barato y suficiente, para que los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos o menos tengan acceso a vivienda; el desarrollo de vivienda, con la compra o donación de terrenos y construcción de la misma; y el arrendamiento social con opción a compra, en el que los trabajadores van a poder rentar sin exceder el pago de 30 por ciento de su salario para tener acceso a una vivienda adecuada.
Además, refirió, “la constructora del Infonavit realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan e históricamente no han tenido acceso a una vivienda barata y suficiente.
“La empresa constructora de vivienda se hace indispensable por lo siguiente: los últimos diez años se ha reducido notablemente la construcción de vivida en general, particularmente la de interés social con valor promedio de 550 mil pesos.
“Los beneficios de constructora es que se va a reducir tiempo y costos de producción de vivienda, mediante la compra consolidada de los principales materiales de construcción; se le dará prioridad a la mano de obra de los estados; y las viviendas van a estar ubicadas en los centros de desarrollo urbano y contarán con todos los servicios”, indicó el director general del Infonavit.
