El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que se han detectado al menos cuatro casos de corrupción en años recientes en el seno de ese organismo, ante los cuales los sectores empresarial y de trabajadores del consejo de administración han impedido sean auditados y, por ende, sancionados.

En la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario evidenció estos casos en los que han sido favorecidas empresas, notarios, trabajadores del propio instituto, en perjuicio de los trabajadores.

Uno de los casos presentados es el de la empresa Telra Realty, que en 2014 fue contratada por el Instituto para diseñar y operar plataforma para administrar soluciones vivienda de acreditados que cambiaron de lugar donde vivían.

Se le contrató por un monto de 100 millones de pesos y la firma tenía dos años para establecer plataforma.

“Cuando se venció este plazo, la empresa no entregó servicio contratado, debió haber sido penalizada en ese momento por no cumplir; contrario a ello, no sólo no se le penalizó, sino que el consejo de administración autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5 mil millones de pesos”, lo que sucedió en 2016, refirió el director del Instituto.

Ante ello, el funcionario cuestionó: “¿Cómo a partir de un contrato de 100 millones y un incumplimiento, en lugar de penalizar, le pagas 5 mil millones de pesos como indemnización?”.

Romero resaltó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió, a través de información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de valores, que en el caso Telra Realty, “existió triangulación de dinero entre las empresas contratadas por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario del instituto que fungió como asesor del director general en 2018”.

Otro ejemplo de actos de corrupción, agregó Romero Oropeza, es en programa llamado Línea III, que consiste en financiar a constructores de vivienda para los derechohabientes.

“Este tipo de proyectos son propuestos únicamente por las direcciones sectoriales de trabajadores y la empresarial, y así son presentados al consejo de administración para su autorización. No hay estudio técnico, financiero de ninguna índole. Sólo proponen empresas para un desarrollo, se autoriza porque son dos terceras partes del consejo”.

Hasta ahora, acentuó, se han identificado 22 proyectos autorizados entre 2017 y 2018 que no han sido concluidos y presentan adeudos con el infonavit de 575 millones de pesos; adicionalmente hay otros 18 desarrolladores con una deuda de 768 millones de pesos por el resultado de deficiencias en seguimiento a pagos.

“Estos desarrollos fueron promovidos por sector de trabajadores y autorizados en 2016-2018. Los proyectos recibieron recursos para comprar los terrenos, para pagar licencias y permisos de construcción y para hacer infraestructura; la empresa no tenía ni para el terreno ni para los permisos.

“No se construyó ninguno de las proyectos aprobados. Lo relevante en el caso de estas cuatro empresas es que a pesar de que no hicieron las viviendas, recibieron adicionalmente: una 45 millones de pesos, 22 millones otra, nueve una más y cinco otra; además de recursos adicionales no del fondo del Infonavit, sino de los créditos de los trabajadores”

“Sin haber construido las viviendas se les otorgó el crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero. En administración pasada (de Andrés Manuel López Obrador) se detuvo esto, se estaba cobrando a la gente por vivienda que no se les había entregado. Queremos sacar a esta gente de este problema porque hoy tienen atrapado su crédito: ni tienen vivienda ni pueden sacar crédito”.

El funcionario presentó otro caso relacionado con una red delictiva al interior del instituto para estafar a los derechohabientes, pues se vende una misma vivienda a varios trabajadores. Lo que se ha detectado opera en 21 entidades del país.

En esta red participan trabajadores del Infonavit, notarios públicos y constructoras para otorgar múltiples créditos para la misma vivienda.

La revisión hecha hasta ahora, que no incluye 11 entidades federativas, ha descubierto que se dieron 12 mil créditos para la compra de mil 400 viviendas, "lo que significa que éstas se vendieron hasta cuatro veces cada una por año. Esto sn que la comisión de vigilancia o el comité de auditoría tomarán acciones contra los responsables”.