Nuevo Laredo. Tams. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 173VG/2024, en la que se abordan las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas el 19 de septiembre de 2019, cuando ocho personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en Nuevo Laredo. La recomendación, que llega cinco años después de los hechos, ha sido criticada por su falta de profundidad y por no responsabilizar a todos los actores involucrados.

Las víctimas de esta masacre fueron Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández, Enrique Pérez Chávez, Jennifer Hazel Romero López y Wilbert Irrastreto Pérez. Cinco de ellas eran originarias de Tamaulipas, mientras que las otras tres eran migrantes de estados como Coahuila, Hidalgo, Estado de México y Oaxaca.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha denunciado que, según las evidencias presentadas, las víctimas fueron torturadas, obligadas a vestir uniformes tácticos y luego ejecutadas por agentes del Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas (CAIET), la Policía Estatal y el Ejército Mexicano. Además, estas personas fueron víctimas de un montaje para simular un enfrentamiento armado.

A pesar de las pruebas aportadas por el Comité de Derechos Humanos, como entrevistas con testigos, videos y un informe oficial de la Dirección de Vialidad Municipal, la CNDH justificó la participación del Ejército y la Policía Estatal, alegando que estos no se percataron de las ejecuciones.

Esta falta de responsabilidad ha generado gran indignación entre los activistas y familiares de las víctimas.

La versión oficial del gobierno de Tamaulipas, presentada inicialmente en septiembre de 2019, sostenía que los ocho abatidos eran miembros de una célula criminal. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos desmintió esta versión con pruebas que evidencian un claro montaje. El gobierno de Tamaulipas reaccionó con una campaña de desinformación, criminalizando a las víctimas y a los miembros del Comité, especialmente a Raymundo Ramos Vázquez.

Tras la presión mediática, la fiscalía de Tamaulipas nombró un “Fiscal Especial” para investigar los hechos. Este proceso solo resultó en la detención de dos agentes estatales, mientras que otros implicados fueron exonerados o siguen prófugos, como es el caso de los agentes Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal, quienes aún no han sido capturados.

Por último, la CNDH recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas que imparta un curso sobre derechos humanos a los ex integrantes del CAIET, institución que ya fue disuelta. Ramos Vázquez señala que esta recomendación es insuficiente y no responde a la magnitud de las violaciones cometidas, dejando claro que la justicia sigue siendo una deuda pendiente con las víctimas y la sociedad.