La Paz. El expresidente de Bolivia Evo Morales dijo este martes ser "víctima de una brutal guerra jurídica" orquestada por el mandatario y exaliado Luis Arce, luego de que la fiscalía ordenara su aprehensión por el escándalo del presunto abuso a una menor cuando ejercía el poder.
Morales se encuentra a resguardo de sus partidarios en el Trópico de Cochabamba, su fortín político, y no se entregará a la justicia, confirmó a la AFP su abogado Nelson Cox.
El líder cocalero de 65 años fue imputado por el delito de "trata de personas agravado", según informó la fiscalía el lunes.
"Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal Guerra Jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU", escribió Morales en X.
Junto a la imputación, el Ministerio Público solicitó "la medida excepcional de prisión preventiva por seis meses en una cárcel pública".
Morales siempre se ha referido a la investigación penal como una "mentira más" urdida por el gobierno de Arce, para destruirlo políticamente.
Pese a que la justicia lo inhabilitó para ser de nuevo candidato presidencial, el exmandatario insiste en su intención por competir en las elecciones de 2025.
Denunciado
La hipótesis de la fiscalía es que Morales, que gobernó el país entre 2006 y 2019, habría cometido el delito de "trata" de una menor, a raíz de un presunto arreglo con los padres de una adolescente de 15 años.
El escándalo se remonta al 2015, cuando el líder cocalero gobernaba Bolivia. Según el expediente, Morales tuvo una hija con la supuesta víctima en 2016.
Aunque la actual investigación incluía en un inicio el delito de "estupro", que implica acceso carnal con una menor de entre 14 y 18 años, la fiscalía no volvió a pronunciarse sobre ese ilícito.
De acuerdo con los documentos del caso, los padres de la menor la inscribieron en la "guardia juvenil" de Morales "con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor".
Sin aludir directamente al caso, Morales también señaló ser blanco de "un constante bombardeo de difamación e insultos". En octubre denunció un supuesto atentado contra su vida a manos de la fuerza pública.
"El Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares que no solo buscan eliminarme política y moralmente, sino físicamente", remarcó.
"No tiene por qué entregarse"
Ante la ausencia de Morales a una citación, la fiscalía emitió una orden de aprehensión el 16 de octubre.
Dos días antes, sus partidarios iniciaron bloqueos de carreteras para exigir el "cese de la persecución judicial" contra su líder, que duraron 23 días.
La existencia del mandato de captura no se conoció hasta este lunes.
La fiscal del caso Sandra Gutiérrez señaló que guardó silencio hasta ahora porque la policía consideraba que existían riesgos para ejecutar la orden debido a las protestas.
"Estaba de por medio la vida no solo de funcionarios policiales, (sino) también de personas particulares", dijo.
Según el abogado Nelson Cox, existe riesgo de un conflicto si la policía quiere hacer efectiva la orden de captura contra Morales.
"Claro que va a haber riesgo. Si ellos quieren atentar contra la vida del expresidente, la población (...), el Trópico de Cochabamba, no va a permitir que se atente", dijo Cox.
Además, señaló que su defendido "sigue en Cochabamba, sigue en Bolivia, sigue públicamente" y que incluso asistiría este miércoles a una celebración partidaria por el aniversario de su primera victoria electoral.
"No tiene por qué entregarse", aseguró el defensor legal. Dijo que Morales no ha sido notificado de la imputación por "trata de personas" y que han presentado recursos legales para anular "vulneraciones al procedimiento".
