La crisis está provocando desplazamientos de la población tseltal y tsotsil, así como impactos sicosociales, especialmente en la infancia, por el terror generalizado. Por un lado, se encuentran quienes se están desplazando de manera forzada, y por el otro, quienes no pueden salir de sus casas por temor de ser víctimas de una bala perdida. Además, la población civil no tiene acceso a su territorio, a sus campos de cultivo ni a servicios básicos como educación, salud o transporte, denunciaron organizaciones como Front Line Defenders y el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International en México.

El pronunciamiento de las organizaciones responde al llamado de urgencia de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, tras las detonaciones y quema de casas que realizaron grupos del crimen organizado los pasados 3 y 4 de diciembre en las comunidades de San José Tercero, San Francisco y El Roblar.

Las organizaciones exigen que se investigue y desarticule a los grupos armados y se garantice la seguridad y protección a la población civil, en particular a los defensores de derechos humanos y actores religiosos.

Pero las señales no son buenas. La designación de Jorge Luis Llaven Abarca como nuevo fiscal en Chiapas puso en alerta a más de 60 organizaciones de México y otros países, quienes advirtieron que con este nombramiento se evidencia una resistencia a implementar en Chiapas las reformas constitucionales en derechos humanos, la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que el gobierno está obligado a cumplir y respetar.

Sobre la violencia y la muerte, 32 veces celebramos la paz y la vida; sobre la impunidad y las injusticias, construimos verdad, no olvido y justicia, declararon por su parte Las Abejas de Acteal, que este 10 de diciembre cumplieron 32 años.

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