Suspensiones judiciales frenaron la extinción de cinco de los seis fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que a septiembre pasado concentraban 7 mil 177 millones de pesos, que por mandato constitucional deben devolverse a la Tesorería de la Federación a más tardar el domingo. Dichos recursos están destinados al financiamiento de la elección popular de juzgadores en 2025.

Ayer, la SCJN informó que el pasado día 10 se disolvió el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica), con 853 millones 913 mil 710 de pesos, que fueron transferidos a las arcas del gobierno. Sin embargo, también explicó que la extinción de los otros cinco instrumentos, con más de 6 mil 324 millones, está detenida.

“Por lo que hace al resto de los fideicomisos constituidos en Nafin (Nacional Financiera), el organismo aseguró estar impedido legalmente para cumplir con la instrucción girada por la titular de la Corte (Norma Piña), en virtud de diversas suspensiones definitivas otorgadas contra el ‘decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023”, explica la Corte en un comunicado.

La desaparición de los seis fideicomisos, junto a otros siete del Poder Judicial de la Federación (PJF), fue ordenada en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, promulgada el 27 de octubre de 2023, pero dicha acción fue frenada por una suspensión que el ministro Javier Laynez Potisek concedió en diciembre de ese año, al atender una acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores federales de oposición.

Sin embargo, el pasado día 3 la primera sala de la Corte revocó la medida cautelar de Laynez, al reconocer que ya no procede debido a que la enmienda constitucional en materia judicial, promulgada el pasado 15 de septiembre, ordenó su extinción.

Por ello, el día 8, Piña Hernández instruyó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y a Nafin entregar a la Tesorería los recursos de cada uno de los fideicomisos en los que este alto tribunal es fideicomitente, pero sólo se liberó uno.

El artículo décimo transitorio de la reforma judicial ordena a los órganos del PJF y, en su caso, de las entidades federativas, desaparecer los fideicomisos no previstos en una ley secundaria. Los recursos que se liberen irían a las elecciones judiciales.