Ciudad de México. El despido irregular de trabajadores por cierre de año se ha convertido en una práctica recurrente por parte de las empresas, que además va en aumento. Por ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el IMSS y el Infonavit enviaron cartas a patrones que presuntamente incurren en estas acciones, con el fin de que revisen si el manejo de su plantilla laboral está acorde con el marco normativo vigente y eviten realizar acciones que vulneren los derechos de los empleados.

Entre noviembre y diciembre de 2023 se perdieron 385 mil puestos de trabajo, de los cuales 69 por ciento estaban registrados como permanentes. Al mes siguiente, en enero del año en curso, fueron recontratadas por la misma empresa 112 mil 519 trabajadores dadas de baja en diciembre pasado, informaron las dependencias en un comunicado conjunto.

Ese número de empleados dados de baja el año anterior, es superior a lo registrado en el mismo periodo del 2022, cuando se perdieron 346 mil puestos, de los cuales 69 por ciento también eran permanentes. Al año siguiente, en enero del 2023, fueron recontratados por la misma empresa en la que laboraban 126 mil 727 trabajadores que antes habían sido dados de baja.

De acuerdo con los registros oficiales, en noviembre y diciembre del 2021 se dieron de baja de manera irregular a 312 mil 902 trabajadores, y al empezar 2022 se reficharon con la misma empresa 126 mil 256 empleados.

Las dependencias señalaron que si bien existen contrataciones temporales legítimas, lo cierto es que muchos de los trabajadores dados de baja en diciembre y recontratadas en enero están registradas por los patrones ante el IMSS como permanentes. Por tanto, “estas bajas son una práctica totalmente irregular”, subrayó.

Por quinto año consecutivo, el gobierno federal “identificó a patrones que, históricamente, durante diciembre, dan de baja ante el IMSS y el Infonavit a personas trabajadoras para volverlas a llamar en enero del año entrante”.

Advirtieron que el incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social tiene consecuencias legales que pueden poner en riesgo las finanzas de las empresas e incluso ocasionar que los patrones enfrenten responsabilidades administrativas y fiscales.