Un interesante estudio titulado Un mundo de daños: cómo los impuestos estadunidenses pagan la guerra contra las drogas en vez de dar respuestas sanitarias basadas en evidencia acaba de ser publicado por Harm Reduction International (HRI) mostrando en qué se están yendo los impuestos de los ciudadanos de Estados Unidos que se gastan en la política antinarcóticos en tres países: Filipinas, México y Colombia.
Para el año fiscal 2025, se presupuesta gastar un billón de dólares en actividades internacionales “antinarcóticos”, un monto similar al de 2024 o por debajo del de 2019, cuando se gastaron 1.2 billones. Para el año que viene, siguiendo la tendencia histórica, casi la mitad lo va a recibir y ejecutar la Drug Enforcement Agency (DEA) (480 millones), y le sigue la oficina de drogas la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y la Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado con 350 millones.
La información de las últimas décadas también proporciona datos críticos: entre 2015 y 2024, los ciudadanos estadunidenses pagaron 13 billones de dólares dirigidos a esta tarea. En ese periodo, el gobierno de Estados Unidos gastó 8 billones en educación primaria y 4 billones en acceso al agua potable y acueductos en los países de bajo o mediano ingreso en el mundo. Sólo 8 billones se dedicaron a asistencia al desarrollo en África del sur (8 billones) y Centro América (4 billones). Para hacer otra comparación, USAID ejecutó sólo en 2019 un total de 78.5 millones.
Existe en particular un rubro que se denomina Official Development Assistance (ODA), una fuente específica de financiación para desarrollo económico y bienestar, y no puede ser usado para asistencia militar y para proyectos que priorizan seguridad nacional. Éste gastó en proyectos de “control de narcóticos” entre 2013 y 2022, 1 billón de dólares y ningún país recibió más de este presupuesto que Colombia (156 millones en una década), seguido de Afganistán (46), México (27) y Perú (25). Este monto también lo recibieron organizaciones multilaterales, como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (77 millones).
Por ejemplo, el informe indica de lo poco que se puede saber, que en Ecuador se pagaron trituradoras, teléfonos satelitales, chalecos antibalas, equipo táctico; en México se pagó un estudio de flujos de precursores químicos y vehículos para las unidades caninas, y en Colombia se ejecutaron recursos para un Law Enforcement Scholarship Program, construcción de jaulas para perros, y el Colombian National Police Wounded Warrior Assistance. Es innegable que falta transparencia en el manejo de estos recursos.
La principal región receptora de la estrategia antinarcóticos del Departamento de Estado en 2023 fue el hemisferio occidental (225 millones, de un total de 335 millones), de los cuales el mayor porcentaje se fue a Colombia (115 millones). La segunda región destinataria fue Asia del Sur y Central, que recibió 20 millones. Es así como tanto para este rubro, como para el de ODA, Colombia fue el primer receptor y es un caso muy particular. La DEA asesora a la Policía Nacional principalmente vía la Dirección Antinarcóticos (Diran), a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DUIN), y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), al Ejército, y a la Naval. La Homeland Security Investigations (HDI) asesora a la Policía Fiscal y Aduanera la Dirección de Impuestos (DIAN).
No obstante, las empresas privadas de Estados Unidos son las entidades que más beneficios obtuvieron en 2022. Si hablamos sólo del rubro de ODA, en ese año 29 millones fueron directamente a compañías privadas en Estados Unidos, más del doble de lo que recibió el sector púbico en Colombia. De esas compañías no se conoce el nombre en la información de la OCDE. Nada de esto extraña, porque ello antes había ocurrido con Dyncorp, la compañía encargada de las aspersiones aéreas, mercenarios del aparato industrial militar de Estados Unidos durante el Plan Colombia.
Desde hace décadas los principales beneficiarios de la ODA y de los impuestos públicos de Estados Unidos para “la guerra contra las drogas” son corporaciones privadas de ese país y la burocracia antinarcóticos. Somos el patio trasero de la DEA y del INL.
*Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana A la Orilla del Río. Su último libro es Levantados de la selva.
