Ciudad de México. En el Complejo Cultural Los Pinos se instaló y se realizó la primera sesión del Comité Técnico que dará asesoría y realizará los aportes técnicos para la elaboración de la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y la armonización de las leyes secundarias del marco jurídico para cumplir con la reforma indígena.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó que los integrantes de esa instancia colegiada sean expertas y expertos originarios de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas del país, precisó, Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal.

Al hacer la instalación formal, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene un especial interés en que la Reforma al artículo 2° sea una realidad. “Está pendiente de la constitución e instalación de esta instancia colegiada, nos instruyó que sus integrantes fueran expertas y expertos de las comunidades indígenas y afromexicanas del país”.

Agregó que la experiencia y el compromiso de cada uno de los integrantes son insumos valiosísimos para lograr un proyecto de ley secundaria y que esté a la altura de las expectativas, no del gobierno, no de los políticos, sino de los pueblos  y comunidades indígenas y afromexicanas.

Señaló que la construcción de las leyes secundarias no solo es un trabajo técnico, “porque es la realización de ese sueño, de esas esperanzas, de esa terquedad de todas y todos ustedes y de todos los pueblos, así que no tenemos derecho de fallar, de regatear”.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, se congratuló de ser parte de esta lucha de los pueblos y comunidades, “queda para la memoria futura de las generaciones que van a ver este momento como un momento de transformación que merecen los pueblos, porque ya son muchos siglos de olvido y opresión”.

Agregó que la reforma constitucional al artículo 2° reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, “pero hace falta hacerlos realidad y eso se busca concretar con las leyes secundarias”.

Dijo que la transformación de la vida pública nacional “tiene un sello propio, diferente, y es la grandeza cultural que tiene el pueblo mexicano, estamos construyendo un México diverso, con muchas lenguas, de muchos tejidos, estamos defendiendo la soberanía, de manera pacífica, en unidad”.

Edith López Hernández, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Senado de la República, recalcó que el Senado tiene el firme compromiso para desarrollar la implementación de la reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en particular para participar y colaborar conjuntamente en la realización del mecanismo y actividades pendientes a la elaboración de la propuesta de iniciativa de ley general.

Celebró la iniciativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de constituir e instalar el Comité Técnico, el cual calificó de inédita y trascendental porque requiere de la participación interinstitucional y multidisciplinaria.

“La realidad nos exige saldar una deuda histórica de más de 500 años, para ello es necesario establecer las bases legales que permitan en los hechos ejercer nuestros derechos colectivos en nuestra vida cotidiana y en nuestras diversas realidades, tomar libremente nuestras decisiones en nuestra comunidad a través de nuestras asambleas comunitarias”.

Indicó que se tiene el reto de dejar de un lado la visión patriarcal individualista y colonialista para construir las bases de gobiernos incluyentes paritarios, donde se prioricen los derechos humanos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Adelfo Regino Montes, director general del INPI, aseveró que la reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, es un hecho histórico, un avance transcendental y fundamental en el proceso de reconocimiento de los derechos inalienables de los pueblos en el régimen jurídico nacional e internacional.

Recalcó que esta reforma reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, “se trata, sin duda alguna, de un vuelco de gran significado en el constitucionalismo mexicano, pues aunado a los derechos individuales, adquieren carta de nacimiento los derechos colectivos de nuestros pueblos, a 200 años de expedida la primera Carta Magna el 4 de octubre de 1824”.

Aseveró que deja atrás la visión decimonónica de considerar a los pueblos indígenas y afromexicanos como “objetos normativos” o, “sujetos de interés público”, para reconocerlos como titulares de un conjunto de derechos colectivos, con facultades y atribuciones públicas para ejercer sin ataduras su inalienable derecho de libre determinación consagrado en el régimen jurídico internacional.

Yaneth Cruz Gómez, coordinadora general del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), celebró la constitución del Comité Técnico, dijo que en él se podrá construir un marco jurídico para la equidad y justicia, y un nuevo capítulo en la historia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

“Este es un momento en el que nuestras voces están siendo realmente escuchadas por el Estado Mexicano, y por eso hoy más que nunca debemos unir nuestros conocimientos, nuestras propuestas y construir de manera conjunta las bases de esta ley para continuar con este proceso de transformación nacional”.