Ante los amagos del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incrementar las detenciones de personas migrantes, las deportaciones y reducir las vías de migración regular, medidas que podrían tener efectos en México, una centena de organizaciones demandaron al gobierno mexicano que garantice la dignidad y los derechos humanos de estas poblaciones.
En una carta dirigida a la presidente Claudia Sheinbaum, al canciller Juan Ramón de la Fuente y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, instaron a fortalecer y expandir la protección consular a población de ascendencia mexicana en Estados Unidos, especialmente en programas de representación jurídica.
Pidieron que la diplomacia mexicana exija a la administración estadunidense a crear rutas humanitarias para las personas protegidas por programas como DACA, los cuales podrían desaparecer con la llegada de Trump. Asimismo, que los 53 consulados mexicanos implementen campañas informativas y eliminar los obstáculos para la emisión de documentos oficiales.
Alianza Americas, Bloque Latinoamericano sobre Migración, las casas del migrante en Juárez y en Tijuana, CHIRLA México, Instituto para las Mujeres en la Migración, entre otras, también urgieron diseñar e implementar una política binacional de retorno seguro y digno, ya que “aproximadamente 5.1 millones de personas de ascendencia mexicana viven en situación irregular en los Estados Unidos y están en riesgo de deportación con la llegada de Donald Trump”.
Igualmente, garantizar el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, especialmente en lo relacionado con el derecho a la unidad familiar de la niñez y adolescencia migrante.
Expusieron que la política de “tolerancia cero” del próximo presidente de Estados Unidos podría eliminar protecciones y generar separaciones familiares. Recordaron que en la pasada administración de Trump “más de 5 mil niñas, niños y adolescentes (NNA) fueron separados, y más de mil 400 aún no se han reunificado”.
En la misiva, las organizaciones también instaron al gobierno mexicano rechazar cualquier acuerdo bilateral que viole el derecho internacional de las personas refugiadas y los derechos humanos; evitar colaborar con la nueva administración de Estados Unidos en la implementación de expulsiones expeditas hacia zonas fronterizas, y exigir que ese país respete y promueva el derecho de las personas a solicitar y recibir asilo.
Asimismo, respetar el derecho al libre tránsito de las personas en México que buscan protección internacional en territorio estadunidense; fortalecer el sistema de asilo; abstenerse de implementar políticas migratorias centradas en seguridad, contención y militarización, y diseñar una política integral de migración y asilo enfocada en la integración duradera en colaboración con la sociedad civil.
