Morelia, Mich. El Congreso de Michoacana aprobó por unanimidad la reforma en materia indígena que resalta el reconocimiento al cuarto orden de gobierno -el de las tenencias o comunidades pequeñas- a las que se les garantiza personalidad jurídica y patrimonio propio; se constitucionaliza el derecho de autogobierno y acceso al presupuesto directo, así como el de seguridad comunal.

 

La iniciativa de reforma fue presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y eleva a rango constitucional al menos 22 derechos relacionados con la autonomía, presupuesto directo, seguridad, derechos de las mujeres, salud, educación, cultura, obras públicas y lenguas originarias.

 

En esta nueva norma constitucional se establece que ninguna ley podrá ser invocada para quebrantar los derechos de las comunidades indígenas, puntualizados en este ordenamiento jurídico, y que los partidos políticos, diputados locales, presidentes municipales, síndicos o regidores deberán abstenerse de realizar cualquier acción u omisión que vulnere o ponga riesgo las decisiones comunales.

 

Ramírez Bedolla aseguró que, en el proceso de integración de la reforma aprobada, las comunidades indígenas fueron participativas y coadyuvantes en la lucha jurídica para el reconocimiento de sus derechos humanos; por ello, se recopilaron las opiniones y aportaciones de las mismas, con la finalidad de que fuera una propuesta íntegra que permitiera garantizar el acceso al autogobierno y ejercicio del presupuesto directo.

 

Las nuevas leyes indígenas resaltan el derecho a la libre determinación a través de sus sistemas normativos o usos y costumbres de sus autoridades y gobiernos comunales como forma de manifestación; que la seguridad comunal será brindada por los gobiernos comunales quienes tendrán el mando de las kuarichas, k’uajpirichas, guardias, rondas o rondines comunales, así como el acceso a la procuración e impartición de justicia en su propia lengua.

 

Además del reconocimiento y protección de derechos de las mujeres indígenas, a través de normas, políticas y acciones que garanticen su desarrollo y la igualdad de oportunidades; al uso, disfrute, protección y conservación de sus tierras, recursos naturales y biodiversidad; al desarrollo de la medicina tradicional e indígena y a los sistemas de salud comunitaria; y la preservación, fortalecimiento y difusión de las lenguas indígenas.

 

El Congreso tendrá un plazo de 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones normativas correspondientes que correspondan para dar cumplimiento al mismo.

 

Cabe señalar que hubo división entre comunidades indígenas, el llamado Frente para la autonomía conformada por 40 pueblos originarios respaldó la reforma indígena, sin embargo, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán la rechazo porque no todas las comunidades fueron consultadas y hay temas que no fueron tomados en cuenta.