Al rendir su informe anual 2023-2024, la directora del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Taissia Cruz Parcero, criticó la reforma al Poder Judicial, así como el conjunto de reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Union en los últimos tres meses. “Son preocupantes”, dijo, para la Defensoría Pública al igual que para la academia, el gremio de abogados, activistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de Derechos Humanos.
En enero de 2023, Cruz Parcero fue designada como nueva titular del IFDP organismo dependiente del Poder Judicial de la Federación (PJF), por decisión de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
“El traslado de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, con facultades para la investigación de delitos, el aumento al catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, en expreso desacato a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la introducción de la figura de los jueces sin rostro, la previsión de mecanismos disciplinarios que serán una constante amenaza para la independencia judicial, así como la pretendida abolición del control de convencionalidad mediante la mal llamada reforma de supremacía constitucional, no son decisiones compatibles con la idea de democracia sustantiva, ésa que tiene como condición no solo elecciones periódicas, sino la división de poderes, sujeción de éstos a la ley, el respeto a los derechos humanos y la garantía a los derechos sociales”.
Pero no solo, reiteró que la sustitución de personas juzgadoras que se avecina con motivo de la reforma judicial, enciende las alertas, pues generará nuevos retrasos procesales en perjuicio de las personas.
Como parte de su informe señaló que los asuntos que corresponden al sistema penal acusatorio, observaron con preocupación que, en 684 ocasiones, se ha decretado judicialmente la ilegalidad de la detención de las personas que representan, mientras que en 896 casos se decretó la no vinculación a proceso. “Por más que estos números resulten favorables para la defensa, constituyen un indicador del importante número de casos en los que se han presentado imputaciones improcedentes, por derivar de violaciones a derechos humanos o por carecer de suficientes datos de prueba”.
Apuntó que dentro del marco del convenio con autoridades de la Ciudad de México, el Instituto ha continuado con la representación de mujeres privadas de la libertad en las cárceles de Santa Martha Acatitla y Tepepan; y logrado la libertad de 37 de ellas.
“Algunos de estos casos: mujeres criminalizadas por delitos de secuestro o de homicidio, respecto de las cuales la fiscalía local desatendió los contextos de violencia padecidos o fundó sus acusaciones en estereotipos y roles de género, sin material probatorio de cargo suficiente para sustentar una condena.
Recordó que en el caso del Centro Federal de Reinserción Social destinado solo para mujeres, conocido como Cefereso 16, a la fecha, contando desde 2021, han fallecido 19 mujeres, en circunstancias que han sido catalogadas por las autoridades como suicidios. “La defensoría ha presentado las denuncias penales para que se investiguen estas muertes, ocurridas bajo la custodia del Estado, así como denuncias por actos de sujeción forzada de dicho centro. También se presentaron demandas de amparo en favor de mujeres que enfrentan situaciones especiales de vulnerabilidad”.
Añadió que un juzgado de Distrito concedió la suspensión, y ordenó a las autoridades penitenciarias y corresponsables brindar atención médica necesaria y los medicamentos respectivos; “se presentaron 3 incidentes por defecto en el cumplimiento de la suspensión que fueron declarados fundados. Además, se remitió información a procedimientos especiales de Naciones Unidas”.
