En sesión privada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó ayer proceder antes del próximo día 15 con la extinción de seis fideicomisos que maneja ese alto tribunal y que a la fecha acumulan 7 mil 117 millones de pesos, acción que se había frenado desde diciembre del año pasado por una suspensión emitida por el ministro Javier Laynez Potisek.

Los seis fideicomisos, entre ellos los de pensiones complementarias para ministros y mandos altos y medios de la Corte, son parte de los 13 fondos del Poder Judicial de la Federación (PJF) cuya desaparición ordenó el Congreso de la Unión, en un decreto que se promulgó en octubre de 2023. Hasta septiembre de este año, los 13 fondos sumaban 17 mil 234 millones de pesos.

Los fondos habían sido intocados por la suspensión de Laynez al dar trámite a una acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores de oposición, pero el miércoles de la semana pasada la primera sala de la Corte revocó dicha medida cautelar al reconocer que ya no puede mantener ese freno, debido a que la reforma judicial del 15 de septiembre pasado ordena la extinción de los fideicomisos.

En un comunicado, la ministra Lenia Batres informó de la decisión del pleno, tema que fue planteado cuando la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, presentó el último informe de este año sobre la administración de los fideicomisos, en el que se aclaró que a la fecha no se ha firmado su extinción.

El artículo décimo transitorio del decreto de la reforma judicial ordena que “los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda.

Dicho plazo vencerá el próximo 15 de diciembre, por lo cual es preciso iniciar el procedimiento legal para la extinción de estos fideicomisos y entregar sus recursos, los cuales se ha anunciado serán canalizados para financiar la primera elección judicial, señaló la ministra Batres.

Agregó que la mayoría de los ministros dieron su aval para que la ministra presidenta inicie el procedimiento para la extinción de estos fideicomisos, para así cumplir con lo que ordena la reforma judicial.