Más de 30 millones de personas viven en México con algún tipo de discapacidad y la mayoría se enfrentan al rechazo social; 41 por ciento viven en condiciones de pobreza y una tercera parte está desempleada, lo que acarrea otras carencias: seguridad social, así como vivienda y alimentación, afirmó la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión.
En conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora hoy, los integrantes de la nueva asociación civil resaltaron que la Pensión para el Bienestar dirigida a este sector es limitada, pues sólo cubre a 1.4 millones de individuos.
Para ilustrar la desventaja económica en que se encuentran, los activistas refirieron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según los cuales 7 millones de personas perciben un ingreso trimestral de 16 mil 592 pesos, es decir, 184 pesos al día.
Señalaron que al desaparecer el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, este segmento de la población seguirá relegado. “De por sí este organismo público se mantuvo sin titular a lo largo del sexenio pasado. No obstante, se le asignó presupuesto por casi 274 millones de pesos sin que se conozca el destino de dichos recursos”.
No hay esfuerzos, sólo voluntad
La directiva de la red entregó ayer en Palacio Nacional la agenda que proponen seguir para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de quienes viven con alguna deficiencia física. Más de 85 por ciento señalan que enfrentan problemas de accesibilidad y la mitad considera que sus derechos no son respetados.
Bajo estas condiciones, señalaron, la voluntad política expresada por las autoridades en favor de las personas con discapacidad es, hasta ahora, “sólo eso, voluntad que no se refleja en la realidad”.
Por eso, en el documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum solicitan la elaboración del programa sexenal nacional para el desarrollo y la inclusión de ese sector de la sociedad, en el cual se garantice el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas en la materia a nivel federal, estados y municipios.
De igual forma, piden la realización de consultas públicas sobre programas o acciones de los tres niveles de gobierno, del Congreso de la Unión y el Poder Judicial.
Resaltaron que ninguna estrategia funcionará sin recursos económicos, por lo que también se debe asegurar que las entidades y municipios dispongan de presupuesto destinado a esas personas.
