Guanajuato, Gto. Guanajuato se convertirá en el primer estado de México en establecer como obligación constitucional la protección de periodistas y el reconocimiento de las buscadoras como defensoras de derechos humanos.

La gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, envió al Congreso un paquete de iniciativas para reformar la Constitución, el Código Penal, la Ley de Seguridad y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El objetivo de las reformas es establecer como una obligación constitucional la protección de reporteros, el reconocimiento de las buscadoras de desaparecidos como defensoras de derechos humanos, mejorar el sistema de defensa y aumentar las penas de cárcel para los agresores de periodistas y activistas.

Las reformas a la Constitución, al Código Penal y a la Ley de Protección son propuestas de los reporteros que integran el Consejo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Sofía Negrete, José Meza y Carlos García.

La iniciativa de reforma al artículo primero de la Constitución de Guanajuato señala que “el Estado y los municipios garantizarán la protección y ejercicio de la actividad periodística”.

Agrega que “toda persona que realice labores de búsqueda de personas desaparecidas tendrá la calidad de persona defensora de derechos humanos”.

La iniciativa contempla reformar el artículo 153 del Código Penal para que el homicidio y las lesiones sean calificadas cuando sean en agravio de defensores de derechos humanos y tengan como finalidad obstaculizar o impedir el ejercicio de sus actividades.

El Código Penal ya contempla como calificado el homicidio y las lesiones cuando las víctimas son periodistas.

La modificación al artículo 240 d del Código Penal propone aumentar las penas para quien use la violencia, el acoso o la intimidación, para impedir que se ejerza la actividad periodística. El Código contempla una pena de cuatro años de prisión y aumentaría a seis años de cárcel.

Además, se incorpora una agravante para aumentar en un 50 por ciento la pena cuando sea cometida por un servidor público. También se tipifican como delito las agresiones contra defensores de derechos humanos.

Las propuestas de reforma para la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contemplan cambios en la integración del Consejo, mejoran las medidas de protección y establecen la obligación de dar seguimiento a las denuncias penales y ante Derechos Humanos interpuestas por reporteros y activistas.

También faculta al Consejo de Protección para “emitir pronunciamientos o exhortos para advertir, señalar y atender situaciones en que existan riesgos para la libertad de expresión, la actividad periodística, así como la integridad y seguridad de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos”.

Desde campaña y como gobernadora, Libia García Muñoz Ledo anunció la creación de un grupo especial para la protección de periodistas y defensores.

En el paquete de reformas propuso adicionar el artículo 202-8 de la Ley del Sistema de Seguridad para crear “un cuerpo de policía especializado para atender las medidas de protección y medidas urgentes de protección determinadas por el Consejo Estatal”.

Las reformas tienen el objetivo de que “el Estado y los municipios tengamos la obligación de garantizar el libre ejercicio, pero también la protección de periodistas y de las personas defensoras de derechos humanos como lo son las buscadoras”, manifestó la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, a través de un video, acompañada por los consejeros periodistas y el secretario Técnico del Conejo de Protección, Adrián Nájera.