Ciudad de México. El Senado de la República aprobó la Ley Federal de Derechos, con 80 votos de Morena y sus aliados y 37 en contra de la oposición y la turnó a la Presidencia de la República, para su promulgación.

La discusión llevó cuatro horas y media y los grupos del PAN, PRI y MC objetaron los incrementos de 7.5 a 8.5 por ciento sobre los ingresos que obtengan las empresas mineras, pero sobre todo la eliminación de exenciones a pasajeros de cruceros y el incremento en 100 por ciento de las cuotas por el uso o aprovechamiento de las 181 Áreas Naturales Protegidas (ANP) que hay en el país a nivel federal.

En contraparte, el morenista Cuauhtémoc Ochoa Fernández, presidente de la Comisión de Hacienda, de esa cámara, resaltó que la Ley Federal de Derechos más que un ordenamiento de recaudación es una herramienta de justicia económica y social que fortalece la rectoría del Estado sobre los recursos estratégicos de la nación.

Para el ejercicio fiscal 2025, "se proyectan ingresos por derechos, aprovechamientos y productos que ascienden a 354 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 10.4 por ciento en términos reales respecto a lo programado para el cierre 2024".

Ese aumento responde en su mayoría, dijo, a la actualización de cuotas con base a la inflación, así como ajustes congruentes con la evolución de las tecnologías y procesos, lo que asegura “un cobro justo que refleja el costo real de los servicios prestados y el uso de los bienes de la nación”.

Las modificaciones, dijo, “fortalecen la soberanía nacional y privilegian sectores estratégicos, como el medio ambiente, la minería, el agua, las telecomunicaciones y los servicios migratorios; reconociendo las prioridades de nuestro país”.

Se refirió al incremento en la la tasa de derecho especial sobre minería de 7.5 a 8.5 por ciento sobre los ingresos que obtengan los titulares de concesiones mineras derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva. Además de la elevación a la tasa de derecho extraordinario sobre minería de 0.5 a 1.0 por ciento sobre los ingresos que obtengan los concesionarios mineros derivados de la enajenación del oro, plata y platino.

Detalló luego que en materia de migración, “se eliminan exenciones de derechos aplicables a pasajeros de cruceros, un sector que captura más del 50 por ciento de la capacidad global en el Caribe, con destinos claves como Cozumel, Cancún y Mazatlán”.

Con ese ajuste, se asegura, explicó, que la nación reciba una justa retribución para la utilización de su infraestructura y servicios de migración que recibe esta industria.

Igualmente se aumentan en 20 por ciento las cuotas por la prestación de servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional , de 186 a 223 pesos y a visitantes extranjeros sin permiso laboral de 717 a 860 pesos.

Por lo que se refiere a las modificaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales, “las actualizaciones de cuotas fortalecerán las acciones del manejo, conservación y restauración de la biodiversidad en nuestras áreas naturales protegidas; reafirmando el compromiso con la conservación del patrimonio ambiental de México para las generaciones futuras”.

En ese sentido, dijo, la ley establece asimismo la instalación obligatoria de medidores asegura una medición precisa a los volúmenes utilizados o descargados; mientras que la armonización con la Norma Oficial Mexicana, NOM-001-Semarnat/2021, refuerza la protección de los ecosistemas hídricos y la calidad del agua”. Es una modificación esencial, agregó, para garantizar una gestión eficiente y sostenible del agua, uno de los recursos más valiosos de la nación.

Por lo que se refiere a la elevación a tasa de los derechos especiales y extraordinarios sobre minería al 8.5 y 1 por ciento, respectivamente, explicó que se basa en el incremento de los precios internacionales de los metales y los recursos adicionales obtenidos se destinarán a proyectos que beneficien directamente a las comunidades mineras, reduciendo las brechas de desigualdad en las zonas de mayor vulnerabilidad.

La Ley Federal de Derechos, recalcó, eliminan los pagos de derechos por servicios de telecomunicaciones en comunidades afromexicanas e indígenas, así como para actividades de protección civil. “Esta medida garantiza un acceso equitativo a las tecnologías de la información y la comunicación, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo social de las zonas más rezagadas del país”.

La senadora del PRI, Melly Romero criticó que se afecte a diversos segmentos y rubros de la economía nacional, como es el turismo, ya que, dijo, con las nuevas cargas impositivas, quienes habrían pensado en venir a México, se lo van a pensar dos veces.

A su juicio, además, se propone “ un militarismo fiscal”, al establece que de los recursos que paguen las y los visitantes sin permiso de realizar actividades remuneradas se otorgue el 67 por ciento de ellos a la Secretaría de la Defensa Nacional, “ su Secretaría favorita para ejercer todo tipo de presupuestos, aunque no sea su responsabilidad principal”.

Durante la discusión en lo particular, los senadores de MC, Clemente Castañeda y Amalia García, propusieron modificar el destino de los recursos que se obtendrán por el incremento de derechos. La priísta Claudia Anaya planteó regresar al Fondo Minero, que se distribuía entre los estados productores de metales, pero fueron rechazados.

“Este proyecto para 2025 busca fortalecer la justicia social y el bienestar, siempre el bienestar, apoyando los sectores vulnerables, fomentando la inversión en infraestructura y energía, manteniendo una disciplina fiscal estricta y mejorando la recaudación fiscal sin aumentar impuestos: en dos palabras, prosperidad compartida”, recalcó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza.

En lo particular se aprobó la ley con 79 votos favor y 38 en contra.