Ya son varias décadas de lucha incansable del pueblo nahua de Santa María Ostula, en Michoacán, por la recuperación de las tierras que les han despojado entre otros, pequeños propietarios del ejido La Placita. Han utilizado la muy desgastante vía jurídica y mostrado una y otra vez que mantienen su cosmovisión y su identidad como pueblo. Así lo han expresado:
“Para nosotras y nosotros cada pedazo de este territorio que hemos habitado inmemorialmente, sus montes, sus playas y su mar, su río, sus arroyos y sus manantiales, sus milpas, sus plantas y sus animales, son sagrados, porque en ellos se nace la vida de este planeta y de nuestro pueblo. Nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotras y nosotros, hemos cuidado la tierra y la cultura en las que nacimos y en las que nacerán nuestros hijos y nuestros nietos. Las hemos defendido con nuestra vida misma.
“Tenemos claro que desde hace años poderosos intereses codician nuestras playas y nuestros montes, ricos en minerales. Fue así que en el año 2009 reorganizamos nuestra guardia comunal y recuperamos más de mil hectáreas de tierra que nos habían sido despojadas. A partir de ese momento y hasta el día de hoy hemos sufrido el asesinato de 40 comuneros y la desaparición de cinco más.” (Carta abierta al Presidente de la República y al gobernador del estado de Michoacán, 18 de julio de 2024.)
Sus argumentos jurídicos se respaldan en los derechos logrados como pueblos y ofrecen pruebas de ancestralidad acerca del carácter comunal de las tierras en disputa. Cuentan, no sólo con títulos virreinales (escrituras en materia de composición de tierras de 1802 y 1803), además, una resolución presidencial emitida el 27 de abril 1964 (a través de la Secretaría de la Reforma Agraria), donde se reconocen estos antiguos títulos y la propiedad comunal de la tierra, a pesar de que esta resolución fue emitida con un error fundamental en las mediciones hechas en la época, situación que ha desencadenado los juicios, incluso acudieron a la Suprema Corte de Justicia solicitando la atracción del caso, la cual, en una votación privada, resolvió no atraer tan significativo litigio.
Señalan el contexto de violencia y denuncian el acoso continuo de los sucesivos cárteles que disputan los recursos naturales de su territorio, cuestión que bien sabemos no es privativa de ellos ni sólo de esa región. Estaba previsto que el pasado 28 de noviembre se dictara la resolución al amparo presentado por el pueblo nahua de Santa María de Ostula. Se trata del juicio de amparo directo 463/2023 interpuesto por la comunidad nahua contra la resolución del Tribunal Superior Agrario que confirmó la sentencia del Tribunal Unitario Agrario de Colima que resolvió a favor de los pequeños propietarios de La Placita, por ello expresaron: “Ignorando los derechos ancestrales que como pueblo originario tenemos, los convenios internacionales y la Constitución del país”.
Tal anuncio informal de sesión para definir sentencia nuevamente se aplazó. Carlos González, abogado de Ostula y de otras comunidades indígenas, informó que el pasado 15 de noviembre, le fue notificado por conducto del juzgado sexto de distrito con sede en Uruapan, Michoacán, una trascendental sentencia dictada por el tercer tribunal colegiado en materias administrativa y de trabajo (357/2023) que deja insubsistente la resolución presidencial del 20 de junio de 1967 respecto del litigio sobre 100 hectáreas comunales que ilegalmente ha despojado el ejido de La Placita a la comunidad indígena nahua Santa María Ostula derivado de mediciones amañadas respecto a las mil 398 hectáreas que le fueron asignadas a La Placita. Es muy probable que esta resolución haya influido para que el magistrado ponente solicitara retirar su proyecto sobre el amparo 463/2023, en virtud de que, según señaló, hay nuevos elementos, entre ellos, el amicus curiae presentado por Ostula y no está de más considerar que influyó en tal decisión la sentencia 357/2023 emitida días antes. Ignoramos cuál era el sentido del proyecto retirado y cuál será el de la revisión que se comenta, así como la postura de los otros integrantes del tribunal.
Lo cierto es que urge una decisión que en efecto refleje el respeto al probado carácter ancestral de la comunidad indígena nahua Santa María Ostula frente a las manipulaciones que históricamente se han realizado en el país, en la mayoría de los ejidos sobrepuestos y mediante resoluciones presidenciales.
La solidaridad de organizaciones sociales y del propio Congreso Nacional Indígena, se mantiene atenta y la comunidad de Santa María Ostula dispuesta a continuar sus movilizaciones. Esta larga espera de justicia puede continuar en el contexto de la crisis que vive el Poder Judicial donde algunos de sus integrantes se están retirando de la otra contienda abierta. Díficil aventurar escenarios y posturas respecto a quiénes deben decidir sobre éste y tantos conflictos cruciales.
