El pasado 21 de noviembre la Presidenta de México anunció el plan hídrico de su gobierno. Cinco días después, firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, con la presencia de los integrantes de su gabinete involucrados en el problema, todos los gobernadores y dirigentes políticos. Su eje central: el líquido deja de ser mercancía y se convierte en un derecho. Algo establecido en la Carta Magna, que no se cumple. Como tampoco garantizar agua en la cantidad y la calidad requerida por la población.
Según datos oficiales, 76 por ciento del recurso hídrico lo demanda la agricultura, el sector urbano 15 por ciento, y la industria y el sector energético 9 por ciento. El plan contempla cuatro ejes: 1) política hídrica y soberanía nacional; 2) mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático; 3) justicia y acceso al agua, y 4) gestión integral y transparente. Un paso fundamental será la revisión de las concesiones vigentes, que hasta hoy benefician a intereses económicos y políticos. Se crea un Registro Nacional de Agua para el Bienestar para concentrar toda la información en una sola base de datos, transparente, y sin corrupción.
Además, se busca que, tras un retraso de 12 años, el Poder Legislativo apruebe una nueva Ley General de Aguas, que remplace a la obsoleta y privatizadora vigente. Si Morena y sus aliados relegieron en la Comisión Nacional del Derechos Humanos, a la incompetente Rosario Piedra Ibarra, deben hacerlo pronto con algo tan fundamental.
Otras promesas: 1) restaurar y sanear ríos, comenzando con los tres más contaminados: Lerma-Chapala-Santiago, Atoyac y Tula; los seis últimos sexenios se anunció algo semejante y hoy están peor; 2) tecnificar más de 200 mil hectáreas de riego, lo que permitirá producir más alimentos con menos agua. A la vez, mejorar y ampliar la obsoleta infraestructura hidráulica, y 3) realizar 16 proyectos estratégicos que incluyen la construcción de presas en Sonora, Baja California, Durango, Hidalgo, Zacatecas, San Luis Potosí y Oaxaca; una desaladora en Baja California; obras de protección contra inundaciones y acueductos; un plan integral para Acapulco y otro para la Ciudad de México, Hidalgo estado de México, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala.
Este magno y urgente acuerdo y sus proyectos hidráulicos es globalizador y con acciones y objetivos concretos y urgentes. Los pasados seis sexenios gubernamentales también anunciaron planes en la materia. No se cumplieron. Por ello la actual administración recibe un problema hídrico grave por concentración del recurso en manos de usuarios poderosos, sobrexplotación y contaminación de las fuentes hídricas y escasez en las poblaciones.
Uno de los proyectos anunciados meses atrás y que despierta críticas es la construcción de tres nuevas presas en el cauce del rió Sonora: en Sinoquipe, Puerta del Sol y Las Chivas de San Miguel de Horcasitas. El investigador de El Colegio de Sonora Rolando Díaz Caravantes ejemplifica los inconvenientes de estas obras con lo que pasó con la presa El Molinito, construida en 1991, destinada a evitar inundaciones en la ciudad de Hermosillo y aumentar las siembras agrícolas. Mas dicha obra alteró el ecosistema regional, redujo la vegetación ribereña y los medios de subsistencia de las comunidades agrarias ubicadas aguas abajo. Si en 1993 sembraban casi 9 mil hectáreas, sólo fueron 3 mil en 2011. Además, el agua escasea para consumo humano, como en las comunidades locales El Molino de Camou, San Bartolo, San Juan, La Victoria o Mesa del Seri.
En 2008 se supo que el uso prioritario de El Molinito era en realidad abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo por medio de un acueducto. Se tendría agua suficiente los siguientes 50 años. Luego, en 2010, con el programa Sonora Sí otros 50 años. Un siglo pues. Sin embargo, esa ciudad tiene severas carencias del líquido. No por escasez, sino porque en los sistemas de conducción se pierde la mitad del agua inyectada a la red de distribución.
Considero que las nuevas obras deben ser evaluadas por los especialistas con toda claridad en el campo ambiental, económico y social. Y la participación efectiva de los posibles beneficiados y, por supuesto, los afectados. Algo que no suelen hacer las instancias oficiales federales y estatales.
