Ciudad de México. Martha Patricia Velarde y Francisca García, integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora, precisaron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe de involucrar a Grupo México y las víctimas para la creación y ejecución de cualquier plan de remediación, ya que ninguna de las anteriores administraciones han presionado a la empresa pagar los daños ambientales cometidos hace 10 años en los cuerpos hídricos, que ascienden a más de 20 mil millones de pesos, en apego a los juicios ganados en el caso.

Si bien es prioritario el saneamiento del río Sonora y la atención médica especializada a las víctimas por los metales pesados, las defensoras consideraron en entrevista con La Jornada que es fundamental que las autoridades del nuevo gobierno reconozcan los fallos de la Suprema Corte de Justicia de 2020, como se comprometió la Semarnat el martes pasado durante la reunión con los comités, para que “obliguen” a la empresa a nombrar a los representantes del grupo técnico que reabrirán el fideicomiso que resarciría esta crisis ambiental.

Este mecanismo se estableció durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero la empresa lo cerró unilateralmente en 2018 tras erogar sólo mil 200 millones de pesos de los 2 mil millones fijados para la remediación. El monto subió a 20 mil 508 millones en 2022, pero las activistas insistieron que “las costos deben de actualizarse” porque a la fecha las afectaciones continúan, como en la detección de más enfermos con falla renal, cáncer y Parkinson, entre otras afecciones.

Los afluentes que se conectan con los ríos Sonora y Bacanuchi siguen contaminados con sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, magnesio, plomo, arsénico y vanadio tras el derrame de lixiviados que se provocó en la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, el 6 de agosto de 2014.

A la espera de una nueva reunión planetada para esta semana, Velarde resaltó: “Los comités no entendemos por qué ningún nivel de gobierno ha podido sentar a Grupo México desde hace diez años para que cumpla con cada una de las órdenes legales emitidas. Es fundamental que las víctimas, las autoridades y la empresa trabajemos conjuntamente en la creación de un plan remediación”.

Tras el encuentro que sostuvieron el martes pasado, la Semarnat y los comités informaron en comunicados separadas la secretaría se comprometió en hacer una revisión exhaustiva de los expedientes y juicios obtenidos en el caso para “hacer cumplir a quien tenga que cumplir”. Entre otros puntos, también incluirá a las víctimas en todos los procesos de remedición, pero la institución no mencionó en su texto a la empresa.

Si bien ya existen investigaciones y rutas de acción “para que las autoridades no comiencen desde cero el plan de remediación”, García puntualizó que se debe contemplar la instalación de plantas potabilizadoras con separación de metales pesados dado a que se prometieron 37 desde el inicio del caso, ya que sólo se instalaron seis, que ahora son “elefantes blancos”.

Señaló que dentro de las tareas pendientes falta construir un hospital de especializaciones para los enfermos y se deben retomar las labores de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental. Además, remarcó se deben remediar los suelos para el cultivo, porque muchos de los alimentos están contaminados.