Para el señor Trump todo tiene que ser grande. Ahora pregona una gran deportación de migrantes indocumentados, a los que ni siquiera llama ilegales, sino criminales. En la historia hubo dos grandes deportaciones, la de los años 30, con la crisis económica de la época, que consistió en la salida de medio millón de mexicanos. No se deportaron polacos, italianos o irlandeses, sólo mexicanos.
La segunda gran expulsión fue la operación Espalda mojada, de 1954, que sacó de ese país a más de un millón de mexicanos que habían ido a trabajar de manera indocumentada y de forma paralela al convenio Bracero. Fue una operación, eficiente, de corte militar, ejecutada por el gobierno de Dwight Eisenhower. El problema es que una vez que concluyó, se tuvo que abrir nuevamente la puerta a los braceros contratados para que levantaran las cosechas.
En la actualidad se estima una población de 11 millones de indocumentados, de los cuales la mitad serían mexicanos. Por tanto, la probabilidad de que deporten a un buen número de connacionales es muy alta, no sólo por su magnitud, también por la vecindad, el menor costo y la facilidad que supone contar con 50 cruces fronterizos. Para la otra mitad, la expulsión es mucho más costosa, lenta y complicada, porque debe ser por vía aérea.
Dado el personal encargado por Trump para manejar la deportación, hay que pensar mal, y en ese sentido podría darse una especie de limpieza étnica, dirigida especialmente a los mexicanos, por ser fácilmente deportables. Ahora bien, de los 5.5 millones de estos deportables, podrían ser, hipotéticamente 10, o más, los expulsados si contamos a los acompañantes forzados, porque al sacar a un jefe de familia le siguen el cónyuge y sus hijos menores.
Según el demógrafo Juan Diego Terán, la población de niños estadunidenses que llegó con sus padres deportados registrada en el censo de 2020, fue de cerca de medio millón. Por tanto, hay prever una deportación de tipo familiar y no tanto de personas. Otro agravante es la antigüedad de la migración irregular mexicana, una mayoría muy amplia tiene más de 15 o 20 años viviendo en Estados Unidos, lo que implica una integración al lugar de destino y una desconexión inexorable con México y su lugar de origen.
Lo que nos puede enseñar la historia es que las deportaciones masivas son un evento y que luego los flujos migratorios siguen su curso. No obstante, después se dan cambios significativos en las políticas migratorias y la composición de los flujos. Las expulsiones de la década de los 30 tuvieron como objetivo deportar a familias enteras, sobre todo las que se ubicaban en los estados industrializados del norte y que ya eran parte de la clase obrera. En la de 1954, la finalidad era romper con el flujo de migración irregular que corría paralelo al convenio bracero y que trabajaba fundamentalmente en la agricultura.
Deportar migrantes irregulares no soluciona el asunto. Hay 3.7 millones de solicitantes de asilo en espera, que teóricamente no podrían ser sacados de manera inmediata, también hay medio millón más de personas con estatus temporal protegido; a esto hay que sumar unos 800 mil dreamers que tienen protección. El costo estimado para deportar a un millón de indocumentados en un año es de 88 mil millones de dólares, unos 880 dólares por persona, pero la infraestructura disponible es totalmente insuficiente y también el personal para realizarlo.
Por otra parte, las ciudades santuario e infinidad de iglesias e instituciones ya se preparan para hacer una defensa cerrada y coordinada contra la deportación masiva. Las demandas judiciales van a entorpecer el proceso; sin embargo, no todos los migrantes irregulares están en la misma situación. Los mexicanos y luego los centroamericanos serán los más perjudicados. Los haitianos, comegatos, como diría Trump, tienen cierta protección y es difícil sacarlos por el caos y la violencia que impera en ese país. Los cubanos, siempre privilegiados, ahora tienen la protección de Marco Rubio como secretario de Estado. Los venezolanos, al parecer podrán ser expulsados y aceptados a cambio de que las empresas petroleras estadunidenses puedan trabajar en Venezuela. No sabemos qué podría pasar con los nicaragüenses y si van a ser aceptados por su país; tampoco con los asiáticos y africanos, a los que resulta complicado y costoso deportar.
Para México es indispensable tener información precisa y amplia sobre los expulsados, sus datos demográficos básicos, si vienen con familiares, si dejaron parientes, si vienen ciudadanos estadunidenses, lugar en que habitaron, tiempo de residencia, dónde trabajaron, habilidades aprendidas, manejo del inglés, etcétera.
Van a expulsar migrantes, pero también Estados Unidos va a perder un capital humano impresionante, que podemos aprovechar y potenciar en beneficio de ellos y sus familias, pero también del país. Pero para eso hay que tener información precisa y confiable.
