Buenos Aires. Con la perspectiva de un diciembre intenso y caótico para el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei, que además de enfrentamientos con sus “socios” y divisiones internas, comienza el mes con una ola aumentos entre ellos el combustible, alimentos, tarifas, medicamentos, que están a precios inalcanzables para la mayoría de la población, incrementando las amenazas y mecanismos de control, arrasando derechos e instituciones democráticas, empeñado en la destrucción del Estado como un “topo” para destruirlo por dentro, también se ha instalado una disputa en el tema de derechos humanos, con la intención de liberar, o lograr prisión domiciliaria para los militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante dictadura (1973-1983),

Por estas horas la jueza la justicia Adriana Pallioti rechazó una nueva solicitud del agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, que actuó en el siniestro Batallón 601, participante de la Operación Cóndor y de operaciones militares en Centroamérica, juzgado y condenado en varias causas que se sumaron para su condena a prisión.

Esto coincidió con la reciente presentación de organismos pro-defensa de la pasada dictadura, para pedir la prisión domiciliara de militares juzgados y detenidos por crímenes de lesa humanidad, en juicios justos reconocidos en el mundo y destacados por instituciones internacionales.

La defensa de Guglielminetti, de 83 años, ya había pedido en abril de 2020 que fuera pasado a prisión domiciliaria durante la pandemia, lo que también fue rechazado por la Cámara Cámara Federal de Casación dada la cantidad de condenas que tiene entre estos su participación en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio, Automotores Orletti, que fue un símbolo de la Operación Cóndor, participando en secuestros, torturas y muertes, que sucedieron en ese lugar.

Orletti era un taller de arreglos de vehículos de la policía y fue convertido en mayo de 1976 en un Centro Clandestino de Detención y en noviembre de ese mismo año debió ser desalojado apresuradamente por la fuga histórica de una pareja de jóvenes, cuando sus torturadores se tomaban un “descanso” y lograron huir con lo cual se decidió el inmediato cierre de este lugar,adonde fueron llevados víctimas locales y extranjeras dentro de la Operación Cóndor.

Guglielminetti estaba vinculado a Aníbal Gordon, de la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que operó entre 1973 y 1976 cuando se incorporó a las fuerzas de tareas de la dictadura. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, de familia militar sigue insistiendo con otras organizaciones pro dictadura por la liberación de los que considera héroes.

Liberada de una de las causas en su contra Milagro Sala

En tanto, en el marco de la grave situación a nivel nacional que se vive se encendió una pequeña luz ante la decisión de una cámara de prescribir una causa armada por la justicia de Jujuy sometida al entonces gobernador de Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical (UCR), cuando se alió con la derechista Propuesta Republicana creando Cambiemos, encabezada por Mauricio Macri, ganando las elecciones de 2015.

El 16 de enero de 2016, Milagro Sala, dirigente de la Organización Tupac Amaru, que logró crear varios barrios para obreros, construidos por ellos mismos, incluidas escuelas, centros médicos en una obra extraordinaria reconocida en el mundo, fue la primer detenida, como un símbolo de los que iba a ser el gobierno de Cambiemos, antecedente principal de La Libertad Avanza, ahora asociados al ultraderechista Javier Milei.

Salas fue liberada así en una de las principales causas falsas que creó la justicia de Morales cuando aún está en prisión domiciliaria por otra causa falsa, pero se espera su inmediata liberación después de haber sufrido inenarrables padecimientos. .

Rechazo a disolución de fondo de asistencia a víctimas de trata

Por otra parte, el grupo “No a la Trata” de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la  Conferencia Episcopal reaccionó hace dos días y reclamó ante la decisión del gobierno de Milei, por la disolución del  Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas creado por ley en 2019.

Mediante un comunicado, la Conferencia Episcopal advierte que el objetivo de este Fondo de Asistencia,  estaba destinado a la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos destinados a la reparación de las víctimas, no dependiendo de gastos especiales del Estado ya que eran fondos provenientes del delito.

En octubre de 2022, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto a BICE Fideicomisos S.A. había puesto en funciones al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas tras la firma del contrato de fideicomiso de administración. Al eliminar por decreto este fondo fiduciario el gobierno de Milei dijo que “resulta oportuna la disolución en el contexto económico actual, con el fin de propender a la mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos”.

“No comprendemos la mención del contexto económico actual, ya que como ha sido mencionando, los fondos no salen de erario público, por otro lado, esta medida en ausencia de mecanismos que suplanten al fondo de Asistencia Directa “sólo puede tener como consecuencia la mayor vulneración de las personas que padecieron la esclavitud en carne propia y fueron rescatadas de las garras del delito”.

Esto no sorprende porque el gobierno de Milei, desde sus inicios, comenzó a destruir todos la instituciones creadas para proteger a las mujeres, incluso cerrando los lugares adónde iban a vivir las madres y sus hijos, rescatadas de la violencia doméstica, en un país donde el femicidio se ha multiplicado en este año. Todas las políticas de género están siendo destruidas sistemáticamente, como sucede con innumerables organismos de protección a la población, algo nunca visto en estas dimensiones en el país.