Ciudad de México. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, advirtió que la reforma al Poder Judicial de la Federación provoca una “enorme incertidumbre” no sólo a las personas juzgadoras, sino a toda la sociedad, ya que fue elaborada “sin diagnóstico”, está “basada en la improvisación y elimina de tajo la carrera judicial”.

Al intervenir hoy en la inauguración de la XIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Piña destacó que uno de los temas que será abordado en dicho encuentro será el de los retos que genera la mencionada enmienda, “temática que surge ante la enorme incertidumbre que priva en la sociedad y en los propios operadores de justicia sobre los efectos de la citada reforma constitucional”.

Esta modificación a la Carta Magna, dijo, “presenta indudablemente enormes retos, pero no sólo para las personas juzgadoras, sino para todo México”, entre otros factores porque “estamos ante un escenario prácticamente sin precedentes a nivel mundial”.

En ese marco, la togada destacó que no es posible saber en estos momentos cuál será el resultado de la reforma judicial, sino “cuando en su caso, los hechos den constancia plena de que está funcionando el nuevo sistema” judicial.

“Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consiste en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos, un mejor control de regularidad y constitucionalidad, un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, por el bien de la sociedad a la que servimos, y que sea mejor que el que ahora tenemos”, dijo.

Sin embargo, Piña advirtió que uno de los retos que percibe es que, con la enmienda, “se está innovando a partir de una narrativa repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad. Nos encontramos ante un caso típico de post-verdad, en la que los hechos objetivos y verificados, han tenido menos influencia en la formación de la opinión pública y los actores políticos, que las apelaciones a las meras creencias, a los sentimientos o a las emociones”.

Pero más grave aún, dijo, es que “tal y como fue reconocido por el propio representante del Estado mexicano en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta reforma fue concebida sin un diagnóstico”.

Aunque admitió que sí era necesaria una reforma en el Poder Judicial, Piña enfatizó que “no podemos caer en la salida fácil. El contexto tan complejo que se vive en México no permite la improvisación, y mucho menos de esta magnitud y de consecuencias hasta ahora impredecibles”.

Ninguna falla del sistema de justicia, puntualizó, “justifica la eliminación de tajo de la carrera judicial, menos aun el establecimiento de un modelo que, según la experiencia comparada, no sólo no abona a la importación de justicia, sino que la politiza”.

Por lo anterior, Piña señaló que “la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia, que tanto trabajo nos ha costado construir”.

Además, recordó las palabras del ministro en retiro y ex presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, en el sentido de que la llamada reforma judicial “pretende, más que un nuevo diseño judicial, un desmembramiento constitucional, una dislocación del principio de división de poderes, que reubica al Poder Judicial como órgano subordinado del poder político hegemónico. La reforma, por tanto, no se dirige a combatir los pendientes reales de la Judicatura, sino a capturar al Poder Judicial”.

En el presídium del acto también estuvieron los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek, así como la y el consejero de la Judicatura Federal: Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez.