De acuerdo con la primera respuesta a la pregunta sobre los contenidos esenciales y determinación de los intereses del Estado, los objetivos sustantivos de éste son determinados por las resoluciones arbitrarias del pináculo político, el liderazgo del partido. Éste toma las decisiones sobre el reparto del excedente nacional. Esto no significa que estas decisiones no estén motivadas. Este pequeño grupo comparte una situación social común y, por tanto, también perspectivas, estilos de vida, valores e intereses. Se puede concebir esta respuesta como expresión de la idea del dominio de la política sobre la economía. Esto significa que la economía no contiene, ni engendra, ningún principio sobre su propia dinámica, sino que ésta depende de la voluntad de la politocracia. Siendo así, la TC de los PSEO debe basarse no en la economía política, sino en la ciencia política de élites, totalmente ausente en Marx. También se sigue que uno se ve forzado a aceptar que la forma dominante, estadocéntrica de propiedad en los PSEO, sólo oculta las relaciones económicas reales de una propiedad grupal. Los medios de producción nacionalizados son entonces propiedad del liderazgo del partido. La demanda a las capas inferiores que actúen según el interés general del Estado, incluso traspasando tareas sustantivas especificadas, significa que cada miembro del aparato es, en algún sentido, impulsado a actuar de acuerdo con decisiones futuras aún no especificadas de la cima política, lo cual es una tarea formidable que sirve para mantenerlas, por virtud de esta incertidumbre, en posición de dependencia unilateral. Las relaciones de propiedad (RP) así especificadas tienen rasgos distintivos respecto de las RP capitalistas. En primer lugar, el propietario debe ser aquí postulado como un grupo que, a pesar de una membresía cambiante, mantiene su identidad y perpetuidad. Sólo el grupo de élite como tal controla los recursos nacionalizados, y con ello el trabajo de toda la sociedad. En segundo lugar, los poderes de disposición no incluyen el de enajenar el grueso de esta propiedad. Esta concepción, aunque consistente, es poco persuasiva. Lo que más la desfavorece es la tremenda desproporción entre el poder de control atribuido de esta manera a la élite y los beneficios materiales reales derivados en favor de sus miembros. Pero éste nos parece el punto de crítica menos convincente, porque la desigualdad no es tanto del ingreso como de la del poder institucionalizado. No puede haber duda de que los líderes del partido concentran en sus manos un poder económico y político asombroso y, en algunos aspectos incontrolado. La amplitud de su poder puede juzgarse por su ‘derecho’ real al mal uso de los recursos nacionales. Hay muchos ejemplos de increíbles montos de trabajo e inversión que se desperdiciaron en proyectos mal concebidos e irracionales, más tarde revocados o abandonados. Es particularmente significativa la constancia y recurrencia de fenómenos estructurales negativos: la sobreinversión, el dominio constante de mercados de vendedores, crecimiento de acervos sin utilizar, cuellos de botella crónicos, exceso de mano de obra en empresas de todo tipo que resultan en bajas tasas de crecimiento de la productividad y bajas reales en la efectividad de la utilización de recursos.
Las empresas de los países socialistas de Europa Oriental (PSEO) –continúa diciendo György Márkus (GM), después de que al finalizar la entrega anterior (22/11/24) hizo notar que los ahorros (o economías) a nivel de empresa en los PSEO no necesariamente lo son también a nivel nacional– debían cumplir las metas del plan en la forma más económica posible con el menor gasto de recursos. Esto requiere que los valores de uso (VU) que constituyen los insumos y el producto de la empresa deben hacerse comparables de algún modo y que la diferencia entre insumos y producto (ya comparables) debe ser maximizada. Así que las economías tuvieron que desarrollar un principio de contabilidad institucionalizado que sustituye el de rentabilidad en ausencia de relaciones de mercado o con presencia de mercados, pero sin formación de precios en ellos. La tarea de los CEO de dichas empresas es organizar el proceso de producción (PrPr) de tal manera que las metas se alcancen al costo mínimo de acuerdo con la manera institucionalizada de calcular los costos. Pero esta tarea sólo es clara si no se consideran las perturbaciones usuales en la AV económica, pues si éstas ocurren, los recursos pueden resultar insuficientes para el cumplimiento de las metas. Cuando ello ocurre, hacer economías en una empresa puede involucrar usar recursos que se necesitan en otras ramas importantes de la economía y que podrían resultar en economías mayores en otras partes. Lo que se demanda de la administración es que, en esas circunstancias, actuará de acuerdo con el interés general la economía nacional y no de la empresa, movilizando recursos internos que, según el plan, no existen. La violación de este requerimiento es, por tanto, noticia cotidiana. En las empresas hay una duplicidad de la jerarquía de mando: además de la jerarquía administrativa, hay una jerarquía de órganos ejecutivos del partido, que está subordinada directamente al aparato del poder político central, y no a una u otra burocracia funcional. La relación real entre ambas ha sido siempre confusa y conflictiva, dice GM. Pero es característica constitutiva de la organización socioeconómica. La administración (y cualquier aparato de poder a cualquier nivel) depende no sólo de la burocracia funcional que define sus tareas y supervisa su cumplimiento de estas tareas, sino también depende de órganos que monitorean su actividad para verificar que se alinean con los ‘intereses generales del estado’ que están subordinados directamente a la autoridad política como tal. Los que ejercen el poder directo sobre la organización productiva (el subestrato administrativo en sentido constreñido) actúan sólo como fideicomisarios y dependen de los altos mandos (que culminan en el pináculo político) que fija las tareas sustantivas para su AV y toma las decisiones acerca de la distribución del excedente total. Nadie, en esta jerarquía tiene derecho al excedente. Si las relaciones de propiedad estrechamente concebidas –que se distinguen de meros poderes de disposición– se definen como el poder social-institucional de apropiarse del excedente (o de una parte de éste) producido con los medios poseídos, parece que en los PSEO no hay propietarios en absoluto y que la burocracia es la poseedora de los medios de producción. Pero esta es una proposición sin significado, concluye GM. La noción de poseedor sólo tiene un significado específico cuando se le contrasta con la de propietario. La disposición del excedente siempre lleva a cabo una forma de apropiación. Si no se localiza ningún grupo social con un derecho formalmente reconocido a tal apropiación, entonces la cuestión de la propiedad es una cuestión de las AV de distribución del excedente y en última instancia de los determinantes sociales de esta distribución. O, dicho de otro modo, la cuestión resulta ser idéntica a la referida a la determinación social y contenido de los intereses del Estado, cuyo cumplimiento el aparato postula como requerimiento principal a cada uno de sus miembros y que puede explicarse, pero no reducirse, a las tareas sustantivas especificadas en el plan económico. Hay tres posibles respuestas a la pregunta planteada y, por tanto, tres conceptualizaciones consistentes de las relaciones de propiedad en los PSEO.
