El 20 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional que elimina siete organismos constitucionales autónomos: la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuya extinción parece inminente una vez que esta iniciativa la apruebe el Senado. Esta modificación a nuestro marco legal supone un serio punto de inflexión en materia de derechos humanos y fortalecimiento democrático en el país cuyas implicaciones es preciso revisar.

Es pertinente establecer que los organismos constitucionales autónomos realizan labores especializadas de interés público que no pueden ser llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo para evitar conflictos de interés o sesgos parcializados que incidirían en el mal desempeño de estas funciones. Por ejemplo, las labores de evaluación de políticas públicas en ámbitos como el educativo o el social, o la tutela de la transparencia y el acceso a la información, son realizadas por órganos autónomos para garantizar la objetividad de dichas evaluaciones y evitar la opacidad o la manipulación inadecuada de la información por parte de las autoridades en defensa de sus propios intereses.

Dos han sido los principales argumentos con que se ha impulsado esta reforma: el alto costo que supone su funcionamiento y su intrascendencia. Sobre lo primero baste decir que será mucho mayor el precio a pagar por no contar con un sistema institucional autónomo y neutral que acote las tentaciones de control político sobre ámbitos críticos de la vida pública, especialmente en un país tan integrado como el nuestro al entramado económicopolítico global.

De modo que el argumento en favor del ahorro presupuestal es, por decir lo menos, débil para justificar la desaparición, especialmente si consideramos que el presupuesto de los organismos autónomos representa apenas 0.5 por ciento del presupuesto total si los consideramos en su conjunto y no sólo los que se pretende desaparecer. Las fuerzas armadas, en cambio, y por establecer algún punto de comparación, tienen 5 veces más presupuesto que todos los organismos autónomos juntos.

Sobre la narrativa que les acusa de intrascendencia, es indispensable un recuento histórico. Mejoredu, por ejemplo, jugó un papel sumamente importante en la adaptación del sistema educativo en tiempos de pandemia, el IFT logró avances importantes para garantizar la diversificación y accesibilidad de los servicios de telefonía e Internet, y la Cofece fungió como reguladora de una competencia justa en el mercado.

El Coneval es uno de los organismos cuya desaparición es especialmente delicada, pues nos ha permitido conocer de manera imparcial los avances y retrocesos en la política social en función de las mediciones de la pobreza y la desigualdad. Carecer de dicho organismo en el marco de un gobierno que destina grandes esfuerzos a la política social y de redistribución del ingreso significa un franco retroceso para la evaluación del impacto de dichos programas sociales que permitiría aumentar su efectividad y eficiencia.

No podemos dejar de mencionar que, en el marco de la promoción y protección de derechos humanos, la extinción del INAI supone una pérdida delicada. Este organismo es fruto de una lucha histórica contra la opacidad de los gobiernos, que permitió avanzar sustantivamente en materia de transparencia y rendición de cuentas, dos grandes ejes del fortalecimiento democrático de nuestro país.

Gracias al INAI, la sociedad civil ha tenido acceso a información de alta relevancia para la investigación y evaluación del desempeño de las autoridades en casos como el de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el caso Tlatlaya o las tramas de corrupción de Odebrecht, Segalmex y la estafa maestra.

No podemos negar, desde luego, que el INAI, como otros organismos autónomos, ha tenido falencias y ofrecía importantes áreas de oportunidad, pero su función sustantiva es indispensable para el fortalecimiento democrático y para la defensa de los derechos humanos frente a un Estado que ha asumido una actitud de secrecía y opacidad en casos de violaciones a derechos humanos, especialmente cuando han estado involucradas las fuerzas armadas.

Las intenciones por asumir desde el Ejecutivo las labores de los siete órganos que desaparecerán van a contrapelo del fortalecimiento democrático, pues su centralización atenta contra la objetividad e imparcialidad del Estado y debilitan aún más nuestro frágil sistema de contrapesos. Con todo ello, la gran perdedora frente a esta reforma es la sociedad, pues se cierran canales de participación, transparencia y fiscalización de las actividades del Estado.

Triste paradoja: aquellos que en 2001 abanderaban desde el PRD la lucha por el derecho a la información, hoy aprueban una reforma regresiva que nos hace retornar varias décadas atrás en nuestra historia política.