La derecha política estuvo en contra de la eliminación de los organismos “autónomos”. En particular, las comisionadas y el presidente del INAI afirmaron que es indispensable una institución separada del poder político para la defensa de los derechos humanos. La enmienda constitucional, en el caso del INAI, convierte en juez y parte al Poder Ejecutivo en materia de transparencia, dijeron. Los argumentos vertidos rayaron en la hipocresía, o fueron definitivamente falsos.
Taimadamente, la derecha calla los numerosos hechos de corrupción practicados en esos organismos, y el hecho sustantivo de que no sirvieron al objetivo para el que supuestamente fueron creados, sino para encubrir la corrupción de miembros de los gobiernos neoliberales, federal y estatales. (El mutis al Coneval tuvo un origen distinto.)
Más allá de esos hechos reales, la oposición liberal y neoliberal mantiene una idea falsa sobre el poder político y, por tanto, sobre el carácter de los organismos suprimidos.
El poder político, suele creerse, es una “cosa” autónoma de la sociedad que es ocupado por turnos por este o aquel partido político. Se da por descontado que el poder político, por definición, es corrupto y está en contra de la sociedad. Por tanto, son necesarios órganos “autónomos” del poder político para asumir la tutela de los derechos humanos de la sociedad. En esta visión del poder, por tanto, se requieren esos órganos para que nos defiendan. No nos dicen qué debe hacer la sociedad cuando esos órganos, como es el caso, son corruptos.
Desde el flanco izquierdo, algunas corrientes también mantienen la posición de que el poder político es corrupto por necesidad, y está en contra de la sociedad por definición.
Es ésta, también, una forma de cosificación del Estado generalmente deudora de teorías sustancialistas como las de Michel Foucault. Marx, quien se dio cuenta de que el capital no es una cosa sino una relación social, permitió a pensadores como Antonio Gramsci o Nicos Poulantzas y otros, percibir que el Estado y el poder político es, asimismo, una relación social. El poder del Estado no es una sustancia preformada, sino una correlación entre fuerzas políticas de la sociedad. Una correlación social que se condensa en la materialidad institucional del Estado. Las realidades humanas del mundo son eso: relacionalidad. “El poder no es una totalidad cerrada y unificada, sino fragmentada, un campo estratégico de lucha”, como escribe J. Orovitz Sanmartino siguiendo a Gramsci.
En el marco del capitalismo, el centro duro de la institucionalidad estatal, vale decir, las leyes jurídicas básicas, especialmente las referidas a la propiedad privada de los bienes de producción, favorecen de modo permanente al campo de la clase dominante. Frente a esa endiablada fortificación del capital, las fuerzas dominadas han ido arrancando, en la arena del Estado, a veces con lentitud exasperante, derechos que han mejorado la vida de millones.
Sigue celebrándose la conquista de la jornada de ocho horas, aunque los derechos arrancados al capital son muchos más. Quitarse de encima esa fortificación del capital implicaría, parece claro, el fin del capitalismo: eso no ocurrirá en el espacio de un Estado-nación. Por ahora, el futuro previsible es un fin del capitalismo en el marco global, aunque acaso ocurra mediante crisis en cadena de los estados-nación.
En tanto, la fuerza militar del capitalismo global resguardará, en última instancia, con todo su poder, la fortificación capitalista.
En México, la reforma del Poder Judicial –aprobada en la última campaña presidencial por millones de mexicanos del mundo desfavorecido– anuncia mejores tiempos en múltiples áreas relativas a la justicia social. Después de tantos lustros de capitalismo neoliberal corrupto, los mexicanos hallaron en la 4T una ruta para arrancar derechos que han abierto no sólo su esperanza, sino la realidad de una vida mejor y en mejoría. La correlación de fuerzas en el seno del Estado ha cambiado notoriamente; se han despejado caminos antes obstruidos para los más. Las fuerzas políticas de la dominación están desorganizadas, los de abajo pueden seguir mejorando, en una sociedad brutalmente desigual.
Hay espacio para cambiar la vida.
La “necesidad imperiosa” de contar con organismos “autónomos” para defender los derechos humanos de los mexicanos resulta por lo menos risible. La arena del poder político cambió; la correlación de fuerzas es otra. Damos pasos alejándonos de la desigualdad prianista neoliberal. La derecha política y sus representados, que quieren “defender los derechos humanos” de los ciudadanos mediante organismos “autónomos” del poder, en realidad quieren instrumentos para defenderse y obstruir al gobierno de la 4T y seguir per secula seculorum con los privilegios de los que gozaron a mansalva. No había tal cosa como organismos autónomos del Estado, sino más leyes y más instituciones, además de las contenidas en la materialidad institucional del Estado, a favor de los de arriba.
