Ciudad de México. En México, nueve de cada 10 transacciones se hacen con dinero en efectivo, la mitad de los adultos carecen de una cuenta formal de ahorro y solo el 11 por ciento de las personas cuentan con una tarjeta de crédito, demuestra un nuevo estudio realizado por Nu, la Asociación Civil SXXII Derecho y Tecnología y la Embajada de Brasil.
Dichas barreras, detalla el documento, afectan particularmente a las mujeres y las comunidades rurales, lo que pone en evidencia “la necesidad urgente de un entorno regulatorio que fomente la innovación y la competencia, al tiempo que garantice la protección de los usuarios y la estabilidad del sistema financiero”.
De acuerdo con el estudio, se requiere que con la participación de todos los agentes relevantes del sistema financiero, como los reguladores, promotores de inversión, las secretarías de Economía, Hacienda y Bienestar, los bancos tradicionales y nuevos instituciones del sistema, la academia, sociedad civil e instituciones internacionales, se genere una política pública de alto impacto que promueva incrementar la inclusión de más personas en el sistema financiero.
“Sabemos que ya se ha hecho este ejercicio pero se trata de ponerlo como una prioridad por dos razones principales: Primero, porque las innovaciones tecnológicas y los agentes capaces de traducirlos en nuevos productos y servicios financieros robustos ya existen y están comenzando a operar en el mercado mexicano.
“Segundo, porque la llegada de un nuevo gobierno que busca generar una prosperidad compartida permite generar acciones concertadas y una combinación de herramientas que puedan lograr en el corto plazo niveles de inclusión financiera mayores a 85 por ciento de la población, en especial aquélla que ha sido tradicionalmente excluida”, enfatizó.
El estudio considera que es posible que mediante una interpretación sistemática de la regulación existente, y sin incurrir en riesgos inapropiados, se puede facilitar la entrada de nuevos actores que, con base en el uso intensivo de tecnología, faciliten el acceso de millones de mexicanos a bajo costo a los servicios y productos financieros, y con ello modifique la tendencia de crecimiento muy lento de inclusión que se observa desde hace varios años.
Señala que para hacer que la regulación mexicana funcione como catalizador de innovación e inclusión, es necesario permitir un régimen en el cual las entidades reguladas puedan ampliar sus servicios, y esto podría incluir la creación de nuevas categorías dentro de la Ley Fintech, que permitan a las entidades financieras digitales escalar sus operaciones sin tener que recurrir a estructuras regulatorias más tradicionales.
“El nuevo gobierno tiene una oportunidad enorme para generar una política de inclusión digital que incluya también a la inclusión financiera. Así, la identidad digital puede servir de base para facilitar el uso de medios digitales de pago y aún la tenencia de cuentas de ahorro, que permitiría, como en el caso de Brasil un crecimiento exponencial de la inclusión financiera en el país”, precisó.
