Los siete funcionarios municipales que fueron detenidos el viernes durante la Operación Enjambre, por su presuntos vínculos con grupos criminales, ingresaron ayer a distintos penales estatales y hoy se efectuarán las audiencias para que conozcan las imputaciones que les formula la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Aunque por la mañana el Tribunal Superior de Justicia de la entidad habría determinado que las diligencias serían cerradas, por la tarde anunció que debido a la relevancia de las mismas y a su interés social, éstas serán públicas a medios informativos en distintos horarios.
En la madrugada de ayer fue ingresada al penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, la alcaldesa de Amanalco, María Elena N., quien fue candidata de Movimiento Ciudadano y antes de asumir el cargo se pasó a Morena; la edil está en un área especial de alta seguridad para mujeres.
El director de Seguridad Pública de dicha demarcación, Manuel Alejandro N., y Eraclio N., quien fungía como titular de Seguridad y Tránsito de Tejupilco fueron enviados a la prisión de Tenango del Valle.
Omar Leyva N., quien era subdirector operativo de la policía municipal de Naucalpan permanece en la cárcel de Cuautitlán; Rodolfo N., director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca, y Roberto N., jefe de región de dicha dirección, están el centro de reclusión de Molino de las Flores, en Texcoco.
Ellery Guadalupe N., quien se desempeñaba como presidente honorífico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tonatico, se encuentra en el único penal de máxima seguridad del estado, en Otumba; dicho funcionario fue alcalde de Pilcaya, Guerrero, de 2018 a 2021, y actualmente es esposo de la munícipe de dicha demarcación, Marlem Ayala Sánchez (del PAN).
En la Operación Enjambre participaron más de mil 500 efectivos de la FGJEM, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, la Marina, así como las secretarías de Seguridad estatal y federal.
Los uniformados se movilizaron simultáneamente en Amanalco, Texcaltitlán, Santo Tomás de los Plátanos, Tonatico, Tejupilco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Naucalpan, Coacalco y Jilotzingo para cumplimentar las órdenes de captura contra los acusados por sus presunta responsabilidad directa o indirectamente en delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio.
De acuerdo con autoridades estatales los funcionarios arrestados habrían facilitado las actividades de bandas criminales como La familia michoacana, cártel Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti-Unión Tepito.
En semanas recientes, el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, ha sostenido reuniones con alcaldes electos, que entrarán en funciones el primero de enero y a quienes les sugirió delegar al estado el nombramiento de los titulares de seguridad locales para tener mayor control y evitar que terminen coludidos con criminales.