Almoloya de Juárez, Edomex. La presidenta municipal de Amanalco, María Elena N., detenida el pasado viernes en la “Operación Enjambre” instrumentada por autoridades federales y locales, enfrenta cargos por homicidio calificado, pues se le acusa de haber ordenado el asesinato del síndico de ese ayuntamiento Miguel Ángel Lara de la Cruz perpetrado en enero del año pasado.

Ambos se disputaban el control del ayuntamiento de Amanalco, pues Lara –que militaba en Movimiento Ciudadano—se oponía a que impusiera a los directores de área en el ayuntamiento, pues ella que llegó a la presidencia bajo las siglas de MC, pero renunció a su militancia y se adhirió a Morena, días antes de asumir el cargo.

Este domingo se realizó la audiencia de formulación de imputación en contra de la alcaldesa de Amanalco, donde explícitamente se dijo que ella tenía nexos con el grupo delictivo La Familia Michoacana, a quien le entregaba dinero del erario periódicamente.

Durante la acusación que le formuló el Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense quedó evidenciada su relación con José Alfredo N. El Fresa, líder de la Familia Michoacana, con quien se reunía continuamente en un finca del municipio de Luvianos al sur del estado de México.

Incluso, en el expediente se da cuenta de que El Fresa intentó mediar en la disputa que sostenían la alcaldesa y el síndico de Amanalco, pues ello traía la atención en el municipio y se haría más difícil  que se cumpliera con el pacto de enviar dinero del erario a la organización criminal.

De acuerdo con lo expuesto en el expediente, ella entregaba a la familia un millón 300 mil pesos cada tres meses, así como 100 mil pesos de cuota por acuerdo aprobado en el cabildo del  Amanalco. Además, la presidenta municipal mantenía informada a la organización criminal de todos los operativos y acciones que realizaría la Fiscalía en Amanalco y otros municipios aledaños.

Pese a la mediación que hizo el líder de La Familia Michoacana para poner fin al conflicto entre y el síndico Miguel Ángel N., la alcaldesa ordenó que lo mataran la madrugada del 25 de enero del año pasado.

La alcaldesa lo habría enviado a Zacazonapan a firmar unos acuerdos y en el camino hacia el lugar, el síndico --que viajaba con su chofer-- fueron interceptados por un comando armado, que primero los sometió, los golpeó y luego les dio un tiro en la cabeza.

El juez que conoció de la causa penal, no solo decretó la legalidad de su detención, sino además resolvió mantenerla en prisión preventiva justificada, por lo que la alcaldesa se mantendrá en la prisión de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, al menos hasta que se resuelva su situación jurídica.

Los abogados de la alcaldesa solicitaron al juez remitirla al penal de Valle de Bravo, pues argumentaron que se les correspondería, pues los hechos que se le imputan se suscitaron en ese distrito judicial, sin embargo el juez negó el traslado aduciendo circunstancias de seguridad.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para que se le resuelva su situación jurídica, por lo que esta se determinará en 144 horas, es decir hasta el próximo sábado.