El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, destacó que el proyecto de presupuesto 2025 entregado al Congreso, el pasado 15 de noviembre, contempla un incremento del gasto en protección social que llevará ese rubro a niveles récord con 16 mil 256 pesos per cápita, un aumento de más de 50 por ciento con respecto a los 11 mil 139 pesos que se le destinaban en 2019. A los 835 mil 700 millones de pesos canalizados a través de los programas sociales prioritarios del gobierno federal, se sumarán 996 mil millones de pesos en inversión física que incluyen 157 mil millones en infraestructura para trenes, 20 mil millones en carreteras y caminos, 20 mil millones en infraestructura hídrica y 31 mil 986 millones en logística del sector salud.

Al valorar esos datos debe tenerse presente que, como recordó el funcionario, los programas sociales no son dádivas, sino derechos de los mexicanos y el Estado tiene el deber de garantizarlos. Asimismo, es necesario considerar la efectividad probada de este enfoque para reducir la pobreza, abatir las brechas de desigualdad, impulsar el crecimiento económico y reconstruir el tejido social. En el primer aspecto, hace un mes el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentaron los resultados de un estudio en el cual encontraron que, entre 2020 y 2022, la proporción de personas en situación de pobreza en México se redujo de 41.9 a 35.3 por ciento, una caída de 5.6 puntos porcentuales. A mediados de 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer datos contundentes sobre una reducción de la desigualdad ligada de modo evidente al significativo incremento en los ingresos de los hogares más pobres: mientras el promedio subió 11 por ciento desde 2018 (en términos reales, una vez descontada la inflación que tantos estragos ha causado desde 2021), el de los hogares más pobres tuvo un salto de 19.3 por ciento. De este modo, la diferencia entre lo que ganan los más ricos y los más pobres se redujo de 21 a 15 veces en seis años.

Los datos también refutan a quienes sostienen que el mercado hace una distribución óptima de los recursos, por lo que la única función del Estado en la economía reside en garantizar la libre concurrencia de los actores privados. Por una parte, un reporte de la organización no gubernamental Oxfam reveló que entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2021 el 1 por ciento más rico del planeta acaparó 63 por ciento de la riqueza producida, lo cual demuestra que no sirve de nada generar crecimiento económico, cuando el capital es arrebatado a los trabajadores por un puñado de tecnócratas: en el periodo referido, las menos de 3 mil personas que atesoran mil millones de dólares o más vieron crecer sus fortunas a un ritmo de 2 mil 700 millones de dólares (55 mil millones de pesos) al día, pero mil 700 millones de empleados se empobrecieron porque la inflación creció más rápido que sus salarios. No sólo eso, sino que además los hechos han desacreditado la noción de que la justicia social es antagonista del crecimiento económico: esta semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una institución sobre la cual no pesa ninguna sospecha de tendencias ideológicas izquierdistas, reconoció que México fue el segundo país con mayor crecimiento en el tercer trimestre del año.

Podría seguirse la enumeración de cifras que desmienten a los acólitos del dogma neoliberal, pero el mejor testimonio a favor de continuar y reforzar las políticas de redistribución de la riqueza mediante el gasto en protección social pueden brindarlo los millones de personas de la tercera edad que hoy tienen garantizada la supervivencia, han dejado de ser percibidos injustamente como un lastre para sus hogares y, así, han recuperado su dignidad en una etapa de la vida llena de desafíos; los jóvenes que pueden proseguir sus estudios y, al finalizarlos, integrarse al mercado laboral; los pequeños comerciantes que experimentan de primera mano la reactivación del mercado interno gracias a la circulación de efectivo en regiones olvidadas por la iniciativa privada, o los habitantes de zonas rurales beneficiados por un programa que les permite recuperar la cubierta forestal y a la vez crear una fuente sostenible de ingresos. En suma, es importante detectar y subsanar las fallas que pueda haber en la aplicación del gasto social, pero a estas alturas nadie puede cuestionar el acierto del giro progresista que vive el país.